Opinion | 17 Nov En las últimas horas se han precipitado desencuentros que han epilogado en un serio conflicto en el ámbito de los organismos de la enseñanza, como habíamos advertido en reciente editorial de EL TELEGRAFO, teniendo en cuenta el planteo maximalista de los corporativismos que se han entronizado en nuestra educación y pretenden defender a capa y espada sus feudos, a espaldas del sentir y el interés de los ciudadanos.
Luego de una reunión entre representantes del Consejo Directivo Central (Codicen) y los organismos desconcentrados de la educación (Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente), el presidente del Consejo, José Seoane, puso su cargo a disposición del gobierno, pero horas antes fuentes del Poder Ejecutivo dijeron que la actitud del Consejo de Secundaria al negarse a instrumentar el Plan Promejora, dispuesto por el Codicen, “es grave” y genera un conflicto institucional.
Las autoridades de Secundaria desafiaron al Codicen en la implementación del plan oficial Promejora, un programa que apunta a dar más autonomía a los liceos, con metas de evaluación, en tanto un consejero de Secundaria advirtió que son “autónomos” y que “el Codicen no manda”, según expresó a El País. Fuentes del Poder Ejecutivo manifestaron que el episodio de disidencia entre Secundaria y el Codicen genera un conflicto institucional que se tendrá que resolver. Luego que el Consejo de Educación Secundaria (CES) afirmara públicamente que “no comparte” el proyecto de mejora educativa Promejora, aprobado por el Codicen, el consejero representante de los docentes, Daniel Guasco, dijo que la actitud de Secundaria respecto al plan es válida. “¿Somos autónomos o no somos autónomos?”, preguntó el consejero, y agregó que el Codicen “no manda” a Secundaria.
Guasco, del Partido Comunista y representante de los docentes, es el mismo consejero que cuestionó la validez de las pruebas internacionales PISA, de calidad de la enseñanza, que resultaron negativas para Uruguay.
El fin de semana, Seoane intimó a Secundaria a que colgase en su página web la información oficial sobre el plan -que debía haber publicado el 30 de octubre según una resolución del Codicen-.
El martes Secundaria publicó la resolución del Codicen junto con propia donde “toma conocimiento” de la misma. Sin embargo, Secundaria no publicó información sobre cuándo y dónde se realizan las inscripciones al plan, como sí se comunica en la página oficial de ANEP. Además, el CES acompañó la publicación de las resoluciones con un texto en el que aclara que “no comparte las orientaciones generales del proyecto ni la estrategia de implementación del mismo”, y que “a la brevedad presentará un documento fundamentando su posición”.
Como no podía ser de otra manera, la postura de Secundaria en contra del Promejora coincide con la opinión del sindicato de profesores, que la semana pasada se declaró en conflicto por el avance del plan y que está realizando visitas a los liceos para disuadir a los docentes de que participen en él. El proyecto de mejora apunta a dar grados crecientes de autonomía a los centros educativos y fue presentado en el Codicen por el representante del Partido Nacional, Daniel Corbo, pero fue votado por cuatro de los cinco integrantes del máximo organismo rector de la ANEP. Antes de fin de año se seleccionarán 20 centros educativos para participar en un proyecto piloto de mejora educativa. Durante el primer año, los centros que participen en el plan deben hacer un autodiagnóstico y elaborar un proyecto de mejora con metas evaluables.
Lo primero que surge de este grave diferendo es que el Consejo de Secundaria se comporta alineado sólidamente con la postura del sindicato de profesores, haciendo gala del más rancio corporativismo, sin ningún interés aparente en generar el menor atisbo de cambio en esta rama de la enseñanza. El gobierno debería dar señales claras de que está dispuesto a enfrentar a los corporativismos, en éste como en cualquier otro ámbito, desde que estos grupos enquistados en el poder, con los sindicatos a la cabeza, solo defienden sus intereses, aunque éstos colidan –como generalmente lo hacen—con el interés general.
La enseñanza no es una excepción, sino que por el contrario, es de los principales feudos de estos corporativismos exacerbados, por lo que el sistema político, que representa a todos los ciudadanos, con el gobierno a la cabeza, debe asumir plenamente sus responsabilidades y estar dispuesto a dar la batalla para arrancar la conducción de la enseñanza a los grupos que han contribuido sistemáticamente a oponerse a todo cambio, que reclaman constantemente más recursos sin la contraparte de resultados o siquiera manifestar intención en obtenerlos, escudándose en “autonomías” que pretenden ser licencia para hacer cualquier cosa sin rendir cuentas a nadie.