Opinion | 18 Nov La reciente aprobación en Cámara de Diputados del proyecto que crea el Impuesto a la Contribución de Inmuebles Rurales (ICIR) puso de relieve que la sustentación y filosofía del proyecto cuenta con relativo apoyo político. Sin embargo los sectores más radicales de la fuerza de gobierno se las han ingeniado –como lo han hecho la mayoría de las veces— para arrastrar a los grupos moderados hacia sus posiciones, so pena de dejarlos “en evidencia” como complacientes con los más ricos.
En este caso el referido proyecto fue votado solo por el Frente Amplio, pero ni siquiera contó con unanimidad en la coalición, desde que pese a oponerse, los legisladores astoristas votaron por disciplina partidaria, sin compartir la filosofía del proyecto.
Es que en realidad solo por concepciones ideológicas sesentistas se puede sustentar la filosofía de este proyecto, que tampoco comparte el propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, quien se manifestó crítico del proyecto.
Se da por lo tanto la paradoja de que el impuesto se vota sin el respaldo del ministro del ramo, quien ni siquiera ha comparecido en comisión para considerar el proyecto, como lo habían pedido los diputados integrantes del referido grupo de trabajo, y en cambio sí lo hizo el subsecretario, quien está en la posición opuesta al ministro.
Quiere decir que la fuerza de gobierno ha trasladado al Parlamento sus contradicciones internas, con la salvedad de que una minoría impuso a la mayoría, por cuestiones de política menor, un proyecto que no cuenta con respaldo político y que de acuerdo a los observadores significa una “concesión” del presidente José Mujica hacia los sectores radicales de la coalición de izquierdas.
Lamentablemente, esta forma de dirimir diferencias con el país como conejillo de Indias conlleva a la vez mensajes contradictorios a los potenciales inversores, a los que el propio presidente José Mujica convocó a invertir en el Uruguay en su alocución en el Hotel Conrad.