Opinion | 24 Nov A su retorno del reciente viaje hacia el exterior, una de las primeras acciones del presidente José Mujica fue volcarse de lleno a solucionar el entredicho suscitado entre las autoridades de la enseñanza, y ante los que desde México el mandatario había errado de medio a medio en su primera reflexión, desde que envió el mensaje de que “si no se ponen de acuerdo, los echo a todos”.
Craso error, desde que por esta vía había puesto en pie de igualdad a dos organismos, el Codicen y el Consejo de Secundaria. Ciertamente no solo se está menoscabando el principio de autoridad, sino que sería un triunfo de la Fenapes, porque el espacio que deja un radical siempre será llenado por otro radical, mientras que resulta mucho más difícil para el presidente designar gente de confianza cada vez que por no respaldar a los suyos, los destituye.
Este nuevo capítulo surge porque el Consejo de Educación Secundaria, uno de cuyos integrantes representa el poder corporativo de los docentes, nucleados en la federación de profesores Fenapes, ha rechazado terminantemente una tímida reforma recogida por el Codicen a propuesta del consejero Daniel Corbo, que ni siquiera es reforma, sino que promueve un plan piloto de evaluación en solo veinte de cientos de centros docentes de todo el país.
Insólitamente –bueno, no tanto— la Fenapes entiende que esta evaluación de resultados y comparaciones es una “chilenización”, es decir una forma de trasladar a Uruguay la experiencia chilena, la misma que aplicara el país trasandino desde los gobiernos socialistas de Bachelet y Lago, que hasta la asunción del derechista Sebastián Piñera jamás habían cuestionado.
Hay mucha hipocresía del cuerpo docente nucleado en el sindicato, como así también en sectores políticos radicales, que se han opuesto sistemáticamente a todo cambio que se pretenda llevar adelante en la enseñanza, y consideran que en caso de que algo se modifique, debe surgir de su propia iniciativa o consentimiento.
Pero hasta ahora no se les ha “caído” nunca una propuesta más o menos seria, salvo eslóganes que nunca han aterrizado para que puedan ser analizados con algún viso de seriedad.
De hecho, la enseñanza está directamente en sus manos, por cuanto por encima de las políticas centrales son los profesores quienes trasladan el conocimiento a los alumnos, con su propia impronta y más aún cuando se trata de docentes tan radicalmente politizados, pero hasta ahora nunca han hecho una autocrítica a su tarea.
Lo único que se ha “propuesto” es reclamar más y más recursos, pero sin condicionarlos a la obtención de resultados concretos para la mejora de una enseñanza. Esto, que debería ser prioritario, no le importa al sindicato, que sigue impermeable a todos los cuestionamientos que con toda razón se formulan desde la ciudadanía y desde el sistema político.
En fin, como dice el refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír, porque ello significa tener que asumir responsabilidades que hasta ahora se han esquivado mientras se han enfatizado los eslóganes, como el atribuir todos los males a las políticas “neoliberales”.
Olvidan mencionar que éstas supuestamente han sido dejadas de lado hace siete años, desde que la izquierda asumió el poder, y sin embargo todos los indicadores muestran que la situación ha ido empeorando vertiginosamente.
Al presidente Mujica, según da cuenta El Observador, le inquietan las resistencias a los planes oficiales por la Fenapes, y los convocó a “intercambiar” ideas, apuntando a pedir cooperación a los docentes en la búsqueda de acuerdos.
El mandatario ha dicho que hasta ahora “no se ha dado en el clavo” con la educación que necesita Uruguay para sustentar el crecimiento económico, pero los proyectos que promueven cambios se enfrentan constantemente con el sindicato de docentes.
A esta altura cuesta creer que el presidente y quienes lo rodean no hayan asumido que de lo que se trata más que nada es de una lucha por cuotas de poder, y que los funcionarios no van a aceptar cualquier propuesta directriz que no sea la de ellos, porque esa es precisamente la esencia de la cosa: el hacer cuestión de su poder corporativo, de señalar que nada puede hacerse sin su consentimiento o iniciativa, sobre todo de su sesgo ideológico, disfrazado de una “autonomía” que pretende estar por encima del bien y del mal.
Pero la constante vacilación quienes deberían imponer el orden institucional solo sirve para alimentar al corporativismo sindical, que así se transforman en dueños ilegítimos del futuro de los uruguayos, sin haber sido votados por nadie, pero con mayor poder que el propio presidente.