Opinion | 30 Nov De acuerdo a reciente anuncio de la titular de la cartera, Arq. Graciela Muslera, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), promoverá la construcción, en carácter de plan inicial, de unas 250 viviendas de madera a un costo inferior a los 30.000 dólares por unidad, teniendo en cuenta el abaratamiento de esta construcción y las perspectivas que genera el contar con establecimientos que están en condiciones de fabricar elementos con este fin en las zonas forestales.
Esta posibilidad había sido planteada desde hace tiempo por EL TELEGRAFO, dado que estamos en zonas eminentemente forestales y que se han registrado avances sustanciales en la conservación de la madera en climas tan difíciles como el nuestro, y donde casi no hay cultura por fuera del uso de los materiales clásicos como ladrillo y cemento.
La secretaria de Estado dijo que con este fin ha planteado a los fabricantes de paneles y aserraderos la posibilidad de contar con estos elementos de construcción a precios sensiblemente más accesibles, utilizando la infraestructura existente que tiene alta capacidad ociosa debido a la baja en la demanda internacional de estos productos debido a la incertidumbre en los mercados, lo que se podría a la vez reforzar a través de los subsidios previstos en la Ley de Vivienda Social.
Además, el Mvotma inauguró en Rivera, una zona que como Paysandú cuenta con grandes implantaciones forestales, las primeras cuatro viviendas de madera dentro de un plan piloto de 45 unidades, construidas con materia prima nacional, con el apoyo de una escuela técnica canadiense que trasladó a nuestro medio su modelo pedagógico y apunta a involucrar a los vecinos en las técnicas para levantar sus propias casas de madera.
En el Hemisferio Norte, en este caso tanto en Canadá como en Estados Unidos, existe una larga tradición en la construcción de casas de madera, donde el clima favorece la preservación, además de contar con variedades que se adaptan muy bien a sus condiciones, lo que no ocurre todavía en Uruguay, donde suele haber otros materiales a mano, como incluso ha sido en campaña la tradición del adobe y paja.
Pero estamos ante una realidad distinta a la de entonces, con centenares de miles de hectáreas de árboles que producen madera que prácticamente se exporta en bruto o apenas semielaborada, que necesita el salto diferencial mediante el apoyo del Estado para generar las condiciones que se requiere para la masificación de esta tipología constructiva.
Ya el ministerio ha dispuesto recursos para la compra de materiales, capacitación de personal, contratación de equipo técnico y mano de obra especializada, en tanto las empresas del sector colaboraron también con la donación de materiales.
Igualmente, aún siendo un paso en la dirección acertada, estamos apenas en un principio muy modesto, aunque la ministra anunció ya que se ha abierto la línea de producción cooperativa, “y tenemos un mínimo de 250 viviendas que se sortean en marzo, a la espera de una propuesta de construcción en madera”.
Aclaró que esta propuesta “es abierta y receptiva a financiar estas viviendas”, dejando en claro que estas unidades “tienen exigencias en calidad y durabilidad iguales a la construcción tradicional. Son viviendas óptimas desde todo punto de vista”.
Y si principio quieren las cosas, debemos partir de que el Poder Ejecutivo promueva una política dirigida a estimular el sector, de forma de abrir la posibilidad de contar con reglas de juego claras y sostenidas en el tiempo, para alentar la participación de inversores que tengan que ver con la cadena productiva forestal.
Para este fin se cuenta con el instrumento de la Ley de Promoción de Viviendas de Interés Social, donde pueden plantearse proyectos para construir en madera, que tienen la gran ventaja de que una vez se cuente con la disponibilidad de materiales, se pueden construir masivamente en pocas semanas a la mitad del costo de una vivienda tradicional, y de esta forma contribuir en forma explosiva a reducir el déficit habitacional para los sectores de menores ingresos.
Y como bien manifiesta la ministra Muslera, de lo que se trata ahora es de darle capacidad a la industria nacional para producir en escala y sostener las reglas de juego que se implementan al amparo de la política que defina el Mvotma, ante la realidad insoslayable de que el déficit en el acceso a la vivienda de interés social es otro de los grandes problemas pendientes de solución en nuestro país.