Opinion | 24 Nov Para un país que vivió el trauma de los piquetes en sus principales pasos fronterizos terrestres, instalados por activistas entrerrianos, resulta totalmente inaceptable que los propios uruguayos paralicen el tránsito en la misma frontera por intereses sectoriales y gremiales.
La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) anunció que haría un piquete en el puente general San Martín, en Fray Bentos, en reclamo de un convenio que, a su entender, el gobierno no lleva adelante y viola la ley de negociación colectiva. Las autoridades anunciaron que impedirían un piquete en el puente y es justo lo que debían decir y hacer. Sin embargo, aunque los sindicalistas no se pararon sobre el tendido para cortarlo --sino que hicieron su asamblea en la ruta de acceso en el marco de un operativo de seguridad que desplegó 130 efectivos de fuerzas de choque en la zona--, hubo igualmente un corte del flujo del tránsito vecinal y turístico porque los funcionarios de Aduanas dejaron de trabajar durante el tiempo que duró la reunión, como forma de sumarse a la protesta y participar. La idea de paralizar el tránsito por el puente no sólo generó el despliegue policial antes dicho, sino que incluso fue cuestionada desde la interna del Pit Cnt, ámbito desde el que se manifestó sorpresa, porque el gremio fue convocado a la primera reunión del Consejo Superior de Salarios la semana pasada, y para la víspera estaba prevista la segunda instancia. El segundo motivo es que no hubo un planteo formal frente la central sindical de la medida tomada, tal como sucede en la mayoría de los casos.
Los afiliados a COFE hicieron su movilización en las inmediaciones del puente luego que el Ministerio del Interior advirtiera sobre “la disposición que se viene aplicando de no autorizar cortes de ruta nacionales, más todavía en puentes internacionales”. Y aunque técnicamente no se trate de un “piquete”, una vez más los sindicatos radicales avasallan los derechos de la ciudadanía con total impunidad, amparados en meros formalismos.
Pero en este caso su accionar además vulnera la imagen de Uruguay como receptor de turismo e inversiones y genera descontentos innecesarios. Asimismo, representa una medida extrema de movilización gremial a la que se llega sin haber pasado por las instancias previas de negociación. En definitiva, no parece más que el alarde del poder del corporativismo sindical que vienen exhibiendo algunos sectores y que debería preocuparnos a todos.