Opinion | 02 Dic A esta altura formular algún pronóstico sobre el futuro de la economía mundial y el comportamiento de los mercados, teniendo en cuenta como vienen las cosas en Europa, sería harto difícil aún contando con la bola de cristal, desde que hay demasiadas cosas oscuras e incógnitas como para percibir hacia donde se dirige el rumbo del intercambio comercial mundial y el mundo financiero.
Aún así, con avances y retrocesos en las bolsas un día sí y otro también, y los “contagios” de las deudas en Europa a partir de la crisis griega, hay lineamientos inamovibles que se deberían seguir en todo tiempo para estar preparados ante cualquier circunstancia, de forma de reducir vulnerabilidades y debilidades que tienen sobre todo países pequeños como Uruguay, donde subsisten serios problemas estructurales que ningún gobierno se ha atrevido a atacar.
Es decir que en tiempos de crisis como en los de bonanza, hay reglas inamovibles a seguir para consolidar los beneficios de los buenos tiempos y de la misma forma atenuar y prevenir los efectos de las oleadas negativas, de manera de mantener infraestructuras y tener alternativas como respuestas a los escenarios complicados.
La primera regla, por supuesto, es tener el máximo posible de productividad, que en el plano interno significa producir bienes y servicios lo más baratos posibles, en régimen de libre competencia, lo que a la vez determina una mejora en la competitividad a la hora de vender nuestros productos en el exterior, sobre todo los terminados o semiterminados, que son los que incorporan un valor agregado y producen un efecto virtuoso en la economía.
En suma, la premisa es estar siempre preparados para competir, para hacer lo que se debe hacer en todo tiempo, que es reducir el costo de producir para los sectores reales de la economía, porque ellos son el origen de la riqueza.
El Estado, el gobierno, tiene el deber de hacer todo lo que esté a su alcance para promover y reciclar el circuito virtuoso de abatimiento de costos, competitividad y productividad, indisolublemente ligados entre sí, y que son la llave del éxito para cualquier país y sobre todo para los que como Uruguay, tienen su base en el sector agropecuario y debería aspirar a promover el trabajo dentro de fronteras, es decir al procesamiento de materia prima e industrialización en lugar de seguir vendiendo mayormente mercadería en bruto para que otros nos revendan artículos terminados a mayor precio.
Es cierto, tenemos condiciones naturales y ventajas comparativas para producir granos, madera, carne, lana, frutas, pero sigue pendiente el salto de calidad que solo se logra con conocimiento aplicado en áreas donde es necesario el desarrollo tecnológico e infraestructura con inversión.
Ello no se logra de la noche a la mañana ni con políticas erráticas, sino con reglas de juego claras que se sostengan en el tiempo, con el rumbo definido y trazado en base a políticas de Estado que den la seguridad de que las condiciones se mantendrán en cualquier gobierno y circunstancia.
En este contexto debe valorarse que el subsecretario de Economía y finanzas, Luis Porto, informara que el lunes se consideró en el gabinete económico trabajar con el Ministerio de Industria, Energía y Minería en programas oficiales para ayudar a mejorar la productividad, un camino a recorrer previamente a aceptar los reclamos de los exportadores de flexibilizar la devolución de impuestos.
Los programas estatales a los que se refirió Porto están hoy distribuidos en la Corporación Nacional para el Desarrollo, Uruguay Fomenta, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, además de planes rurales y para clusters.
Lo que está muy bien, pese a la disgregación de esfuerzos, pero a ello debe agregarse la necesidad de manejar con mucha cautela el endeudamiento y el gasto estatal, flexibilizar el régimen de prefinanciación de exportaciones, perfeccionar el mecanismo de devolución de impuestos y fomentar la inversión privada y coparticipación en infraestructura, como bien plantean los exportadores. Pero también debe haber la contraparte del Estado, en hacer que “productividad” deje de ser mala palabra en las empresas y organismos públicos, en racionalizar el gasto público, abatir los costos de los servicios, en promover una reforma educativa adecuada a los tiempos y dejar de mandar señales contradictorias a los potenciales inversores, solo por mencionar algunos aspectos en los que existe un claro déficit. Y aunque parezca contradictorio esto es algo que buena parte del gobierno lo tiene claro, porque sin un sector privado fuerte, eficiente y competitivo, no hay plata para sustentar las políticas sociales.