Opinion | 28 Nov El episodio reciente en una plantación de arándanos y cítricos cercana a Quebracho, cuyas instalaciones fueron ocupadas brevemente por catorce personas afiliadas a un sindicato de trabajadores del sector frutícola, es ilustrativo del escenario de creciente deterioro en que se manejan las relaciones laborales en buena parte del sector productivo e industrial del país.
Es que claramente estamos ante un desborde sindical que se manifiesta en forma creciente, prohijado por políticas del gobierno actual y el anterior, que han transmitido señales inequívocas de que hay luz verde para atropellos que no solo van contra las empresas, sino también contra los propios trabajadores, al afectar las fuentes de trabajo y hasta la misma supervivencia de las empresas.
En este caso concreto, un puñado de personas se sintió intérprete de la voluntad de trescientos obreros del establecimiento Costa de Oro, reclamando aumentos salariales, y en medio de la negociación con la empresa, al no ver satisfechas sus demandas, optaron por formar un piquete en las afueras del establecimiento, desde el 16 de noviembre, del que no dejaban salir los camiones con arándanos para exportación a Europa y Estados Unidos.
Al no poder sacar la cosecha durante más de una semana, el resultado fue que los otros trescientos trabajadores, que no fueron consultados por sus “compañeros” para llevar adelante esta medida extrema, no han generado ingresos desde entonces, y además la fruta que estaba en el momento de ser cosechada con la maduración justa en la planta, no pudo exportarse fresca y en el mejor de los casos, si es que las condiciones lo permiten, podría ser destinada para industria, a un precio varias veces inferior al que se obtiene en los mercados del Hemisferio Norte.
Es decir que quienes más invocan la “solidaridad” para llevar adelante sus movilizaciones, no vacilan en arrastrar a sus compañeros de tareas, tan trabajadores como ellos, a los que con su medida de fuerza han condenado a padecer serios problemas económicos cuando tenían ya comprometido el producido de su trabajo en procura del bienestar de sus respectivas familias.
Y como la cosa más natural del mundo, luego dieron un paso más, por supuesto sin consultar a los demás compañeros, a los que dejaron sin trabajo, y ocuparon las instalaciones de la planta, en demanda de aumento de remuneraciones para un trabajo al que ya habían provocado un fin abrupto, con la mitad de la producción de exportación sin recoger y con las consecuentes pérdidas de no menos de doscientos mil dólares para el empresario, que no ha podido cumplir con sus clientes.
Lamentablemente, lejos de cuestionar esta postura irracional, la central sindical Pit Cnt ha puesto de manifiesto una absoluta falta de madurez en el conflicto, apostando a la trasnochada lucha de clases y en el entendido de que la “justicia” de la reivindicación justifica los métodos que se utilicen. Nada más lejos de la verdad, al fin de cuentas, desde que en realidad se está afectando la credibilidad del movimiento sindical, muy venida a menos por situaciones como la planteada y que sucede cada vez más frecuentemente, como ocurriera también con otras movilizaciones, algunas de ellas salvajes, con piquetes y ocupaciones que coartan la libertad de trabajo.
Desde el gobierno a la vez se asiste –otra cosa no se hace— a estos conflictos con una prescindencia pasmosa, donde tiene mucho que ver su sentimiento de culpa al ver que ha creado un monstruo que se le ha escapado de la cadena y que amenaza volverse contra su propio inventor, desde que en su momento aceptó la tesis sindical de que la ocupación era una “extensión” del derecho de huelga.
Sin embargo cuando el viento se le puso en contra y eran ocupados edificios públicos, el Poder Ejecutivo aprobó una norma para desalojar a los ocupantes, pero sólo rige para el sector público, dejando a los reales impulsores de la economía del país, o sea al sector privado, totalmente expuestos a la voluntad de las minorías.
Lo cierto es que el empresariado se está desenvolviendo sin ninguna seguridad jurídica, y pese a que la Justicia ha fallado a su favor en la mayoría de estos casos, en los hechos, como en el episodio de los arándanos, cuando se tiene el fallo judicial favorable ya es tarde para evitar que se pierda la producción, al tiempo que siempre encuentran un artilugio para seguir haciendo lo que legalmente están impedidos. Y sobre responsabilidades, nada. Nadie es responsable de los daños irreparables ocasionados a la empresa, de los mercados que se pierden, de la pésima imagen que da el país en el exterior, donde se lucha por colocar nuestros productos ya demasiado caros para ser competitivos, entre otras cosas por satisfacer la voracidad de los sindicatos. Todo es parte del “derecho de huelga”. Ya no importa si el empresario respeta todo lo acordado porque siempre hay algo más que reclamar.
Y en un país donde –afortunadamente-- nadie está obligado a trabajar donde no se siente a gusto, jamás se les cruza por la cabeza cambiar de empleo en lugar de imponer por la fuerza los cambios que entre unos pocos, entienden que deben hacerse.
Hemos pasado por lo tanto a una verdadera dictadura de los sindicatos, los mismos que hace poco hicieron que Ancap perdiera millones de dólares y pusiera en jaque al ente de los combustibles; sólo en ese momento el Estado tomó conciencia de lo que sufre día a día el sector privado y la industria.
Es que hemos llegado al reino del chantaje permanente, donde el que no “arregla” con los dirigentes sindicales y los piqueteros, tiene una y mil formas de perder, y en cambio los responsables del entuerto siempre salen en postura de víctimas o incluso de paladines de las causas populares.