En la Junta

Locales | 02 Dic Tras seis meses de trabajo, la Comisión de Legislación y Apelaciones de la Junta Departamental, presidida por Ramón Appratto, presentó anoche al plenario el informe conteniendo los fundamentos del trabajo realizado a partir de las leyes 18.308 y 18.367 de junio de 2008. Se trata de 84 artículos redactados acorde a lo que mandata la Constitución, atendiendo a las seis directrices de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable que remitió a consideración la Intendencia de Paysandú: modelo territorial integrado en la región, potenciar capacidades locales vinculadas a dinámicas productivas, hacia un Paysandú productivo con un perfil de especialización diversificado, consolidar una comunidad socialmente integrada y con condiciones de bienestar igualitarias, generadora de oportunidades para sus habitantes, potenciar el uso de los recursos naturales como base para el desarrollo basado en un modelo de desarrollo sustentable, consolidar el liderazgo de Paysandú en el desarrollo logístico del Litoral, promover las actividades de innovación y la investigación como motor del desarrollo integral de las comunidades.
Una parte del informe --que llegó con la firma de Ramón Appratto, Walter Duarte, Andrés Silva, Jorge Bartaburu y Martín Flores-- señala: “ingresado el tema a comisión a fines de mayo de 2011, sorpresivamente cuando el intendente realizó lo que se dio en llamar su gira ‘Pueblo a Pueblo’ por el interior del departamento, en muchos lugares se le reclamó por la continuación de los planes de Mevir que, según estaban informados los vecinos, la construcción de sus casas estaba demorada porque en la Junta y su Comisión de Legisación tenían trancada la aprobación de las directrices de ordenamiento”. Por esa razón, el 29 de junio fueron recibidos en comisión delegaciones de los centros poblados de Constancia, Estación Porvenir, Queguayar, Arroyo Malo y Parada Daymán. Esta última no figuraba en el texto remitido por la Intendencia y si los ediles no hubiesen hecho las correcciones pertinentes, hubiera quedado al margen de los planes de Mevir o cualquier otra gestión relativa a estas normas de ordenamiento territorial.
Apreciaciones en sala
Appratto señaló que desde 2009, en la administración anterior, se había trabajado el tema pero no enviaron pedido de anuencia para ningún texto ordenado al respecto y que incluso fue archivado en el primer semestre del 2010. Asimismo, en respuesta a expresiones del presidente de Mevir acusando a los ediles sanduceros de omisos por no aprobar estas directrices, enfatizó su conformidad porque “con la aprobación de estas directrices, ahora Mevir tendrá la posibilidad de proceder y esperemos que en por lo menos seis meses (lo que insumió el trabajo en esta Junta) tengan planes prontos o en ejecución”.
Los ediles que hablaron a continuación señalaron el valioso aporte de Appratto, no solo en su calidad de representante político sino por sus conocimientos técnicos en esta materia, dada su profesión de ingeniero agrónomo. Duarte aclaró en primera instancia que “en realidad hubo un error porque nuestra bancada votará el proyecto en general, dado que hay discrepancias de forma (no de fondo) en seis artículos” y comentó las modificaciones que --a entender de la bancada-- se le debían realizar. Andrés Silva (PN) señaló aspectos vinculados “a un texto que tiene importancia para el departamento todo”. Jorge Bartaburu (PN) afirmó: “no sé si no es un ejemplo para otros departamentos”. Enrique Malel sostuvo que “lo importante es que (con las directrices) se democratiza el uso del territorio y se le da poder a la gente”.
Corrección de artículos
El cuerpo votó un cuarto intermedio --que luego fue reiterado-- a fin de que pudiera acordarse la corrección de forma de los artículos 9º, 11º, 16º, 17º, 18º (este finalmente no fue tocado) y 24º como sugería la bancada del Frente Amplio, agregándose también una modificación en el artículo 81º, requerido por el edil Appratto. En este último caso, para garantizar “por todos los medios e impedir el alambramiento y cerramiento de los cauces de agua de uso público”. Vueltos a sala, ante consulta de la edila Patricia Vásquez Varela (PN), se aclaró que estas directrices sobre ordenamiento territorial no tienen ingerencia sobre lo ya dispuesto por el Código de Aguas, para explicarse que se trata del acceso a zona costera de los cursos “navegables y flotables”.
La votación fue favorable por unanimidad de 29 ediles, tras lo cual hubo intervenciones mediante las cuales varios ediles fundamentaron su voto, en casi todos los casos para reiterar la satisfacción por lo aprobado y por el trabajo de alta factura técnica de la Comisión de Legislación y Apelaciones, que -como expresó Appratto- permitió concretar el cometido conferido por las leyes nacionales y corregir impulcritudes en el proyecto original, debiendo hasta rehacerse las láminas territoriales, mediante una tarea del edilato que es honoraria “mientras que hay funcionarios pagos que son omisos o cometen errores”.