Opinion | 05 Dic Poco después del desgraciado accidente registrado en una residencia de Carrasco, en la que el dueño de casa ultimó a su hija de un balazo creyendo que era un ladrón, unas cuatro mil personas se movilizaron en ese barrio en una marcha en la que reclamaron que el Estado proporcione seguridad a los ciudadanos, porque se ha llegado a una situación de tal nerviosidad y temor que los ciudadanos están comprando armas para tener una capacidad de defensa que no les es proporcionada por el Estado.
Bajo la proclama “Queremos vivir en paz”, la movida fue convocada por la red social Facebook, y tuvo como característica que las miles de personas caminaron en absoluto silencio, solo con carteles. Al frente de la marcha iban Leonardo Alonso y José Pedro Damiani, hermano y novio respectivamente de Federica Alonso, la joven que falleció el lunes por el disparo de su padre, quien recientemente había comprado un arma de gran calibre porque su casa había sido copada por malvivientes hacía poco tiempo, y sus residentes golpeados y objeto de robo.
Es decir que, harta de estar indefensa, esta familia optó por armarse y estar en condiciones de por lo menos intentar algún efecto disuasivo ante los delincuentes que quisieran ingresar otra vez a la vivienda, pero lamentablemente se registró este desenlace fatal en la confusión que generó el ingreso de dos desconocidos a la propiedad, en la oscuridad de la noche.
La proclama leída en la marcha indicaba: “...todos conocemos casos cada vez más violentos de hurto, robos y copamientos. Sin embargo, la respuesta de quienes tienen que protegernos nunca llega. Esto no es culpa de la Policía, ellos están tan atados de manos como los vecinos; no puede ser que un centro comunal tenga más vehículos que la Policía”.
Los manifestantes también reclamaron que “en el mano a mano la prioridad de la ciudadanía es la seguridad, es hora de que este tema pase a ser prioridad de quienes nos gobiernan”, poniendo realmente las cosas en los términos en que las sitúa la gran mayoría de la ciudadanía, la que un día sí y otro también percibe que no es un tema que esté en la prioridad de los gobernantes, de lo que han sido claras muestras la actitud que tuvieron ministros del Interior como José Díaz, tristemente recordado por la ley que permitió la liberación adelantada de delincuentes de las cárceles, y de su sucesora Daisy Tourné. Esta siguió los pasos de Díaz y pretendió explicar todo por los problemas sociales generados por la aplicación de las supuestas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores y, por lo tanto, justificando que ocurrieran estas cosas, al punto de poner a los agresores como víctimas.
El actual titular de la cartera, Eduardo Bonomi, lleva adelante una política más realista sobre el particular y ha tomado cierta distancia de los clichés ideológicos de sus predecesores, al señalar que no puede atribuirse todo a los problemas sociales, sino que existe una cultura de la delincuencia que tiene otras raíces y que subsistirá por más que resulten exitosos los supuestos programas sociales en marcha.
También consideró que armarse no es la solución, porque los delincuentes tienen fácil acceso al armamento, tienen de su lado el factor sorpresa y no vacilan en usarlo para amedrentar o directamente atacar a las víctimas, en tanto el agredido suele llevar las de perder en un enfrentamiento.
En realidad tampoco pudo llegar a recomendar armarse o no armarse, porque no hay solución buena cuando las cosas fallan desde la base. En determinadas situaciones estar armado puede ser un factor de defensa útil --si se es ducho en el manejo de armas-- y en otras generar una reacción o un accidente como el señalado, con nefastas consecuencias, por lo que no hay una receta que pueda aplicarse como regla general.
El punto es que el ciudadano pacífico no debería ser puesto en la encrucijada de armarse sí o armarse no para defender su hogar, sus familias y sus bienes, como es la disyuntiva en que se encuentra gran parte de la sociedad, harta de ser agredida y de la ineficacia de la respuesta del Estado ante la delincuencia exacerbada, sobre todo de los menores que resultan particularmente feroces en su impunidad ante la ley.
La responsabilidad, por omisión, es del gobierno, que no tiene el tema entre sus prioridades y que ha llegado a señalar que es una sensación térmica o que es culpa de los medios de comunicación, como si la ciudadanía no viviera todos los días bajo la amenaza del asalto, de la rapiña, del robo, del arrebato, de la agresión. Estas excusas --porque no pasan de eso-- son una falta de respeto a la verdad que todos conocemos y a los propios uruguayos.
Hace rato que es hora de defender los derechos humanos del ciudadano común, del que va todos los días al trabajo, bajo sol o bajo lluvia, que vive de su esfuerzo para sostener a su familia, y que muchas veces ha perdido todo lo que ha logrado reunir durante años por la acción de malvivientes a los que, sin embargo, se sigue tratando como víctimas, mientras es manifiesta la ausencia de políticas de seguridad ciudadana.