Opinion | 07 Dic “Me vine desde Artigas, me perdí más de un día y mil quinientos pesos de pasaje, para tener que irme sin poder elegir hora”, dijo visiblemente molesta una docente del departamento fronterizo, cuando su intento, como el de muchos otros docentes del Interior, fue frustrado por una nueva medida de fuerza de la Asociación de Docentes de Secundaria (ADES), que impidió el lunes el ingreso al edificio ubicado en la Ciudad Vieja.
Los profesores se enfrentaron a los policías que tenían la orden de impedir su ingreso al inmueble, y si bien tras el primer enfrentamiento la elección de horas docentes para directores y subdirectores se iba a realizar igual, luego de una negociación entre ADES y Secundaria se acordó postergarla por tercera vez hasta el 14 de diciembre.
Esta nueva postergación causó malestar en directores, subdirectores y docentes del interior del país que se trasladaron por tercera vez a Montevideo para inscribirse, los que nuevamente debieron retornar a sus lugares de origen porque sus “colegas” montevideanos siguen enfrascados en “su” lucha para protestar contra la instrumentación del plan Pro Mejora en Secundaria.
Los profesores capitalinos se oponen a este plan a través de eslóganes como el de discriminación con “una educación para ricos y otra para pobres”, o catalogando el plan como una “chilenización” o una receta “neoliberal”, cuando en realidad solo se trata de promover una evaluación y una superación en nuestra caótica enseñanza estatal, situación en la que tienen gran responsabilidad los propios docentes que están llevando a cabo estas medidas de cuño netamente ideológico.
Pero su mesianismo y soberbia es tal, que no vacilan en perjudicar abiertamente a sus colegas del Interior, simplemente porque piensan distinto y están dispuestos a participar en una alternativa diferente, en una línea de pensamiento que no coincide con la de quienes se encierran en sus fanatismos y se sienten dueños de la verdad absoluta, a la vez de no importarles para nada la opinión ni la suerte de los demás.
Como bien manifestaban los docentes perjudicados, se trata de una minoría de activistas que se sienten intérpretes exclusivos del sentir de sus colegas, y practican la “solidaridad” pasando por encima de los derechos de los demás, como si todos los otros fueran tontos y necesitaran de su preclara intervención.
Estamos ante un sindicalismo exacerbado y soberbio que es practicado por grupúsculos que se ponen además en posición de víctimas, como ocurriera recientemente en Paysandú, cuando una minoría sindicalizada en Osdor protagonizó un piquete frente a la plantación de arándanos de Costa de Oro y luego ocupara el establecimiento, pese a la resolución judicial que ordenaba dejar sin efecto la medida de fuerza.
Les importó poco y nada, por cierto, que estuvieran avasallando los derechos de la mayoría que quería entrar a trabajar para mantener a sus familias, y mucho menos aún que se perdieran la exportación de 40.000 kilogramos de arándanos.
 Para este sindicalismo delirante es una cosa menor que detrás de toda producción hay emprendimientos de riesgo, que el secreto del éxito de éstos depende mayoritariamente de la conjunción entre capital y trabajo, y que para distribuir riqueza primero es necesario crearla. También que ello debe complementarse con los esfuerzos para encontrar mercados, ingresar a ellos y luego mantenerlos, en un mundo cada vez más exigente y competitivo, además de estar asediados por la inestabilidad de los mercados.
Y las empresas son afectadas seriamente en su viabilidad, desde que su futuro queda comprometido cuando no están en condiciones de cumplir con sus compromisos por las medidas sindicales que se llevan adelante contra viento y marea, pase lo que pase y aunque se comprometa o se pierda la fuente de trabajo para una mayoría que no ha sido consultada y no quiere participar en las medidas de fuerza. Ante la pasividad del gobierno, y en muchos casos su complacencia ante las consecuencias del mensaje que ha enviado todos estos años, se llevan adelante estas instancias “salvajes” en que se violenta la propiedad ajena y el derecho al trabajo y la voluntad de otros trabajadores, cuando se ha validado la ocupación como una “extensión” del derecho de huelga en el sector privado pero no en el estatal.
El tiempo está demostrando lo que se sabía de antemano: el gobierno equivocó el camino cuando desequilibró la balanza en beneficio siempre de un sector, el de los gremios, no importando si le asiste o no la razón.
Como era de esperarse –porque la historia lo enseña—lo que se está logrando es la radicalización de los gremios con dirigentes a los que sólo les interesa la lucha de clases y la tesis del conflicto permanente. El Gobierno lo está viviendo en carne propia, con el daño que le causó a Ancap el conflicto de los metalúrgicos, así como con lo que está sucediendo en Secundaria. Y como la base ideológica en que se sustenta todo este movimiento no ha cambiado un ápice, es seguro que aunque se logre una solución para estos casos puntuales el Uruguay deberá soportar todavía muchos otros desbordes sindicales con gran impacto en la población, que no serán más que demostraciones de fuerza para ganar aún más poder y control del Estado.