Opinion | 03 Dic En su momento el ex presidente Tabaré Vázquez había anunciado que pondría en marcha la “madre de todas las reformas” del Estado, pero transcurrieron los cinco años de su mandato y el intento quedó solo en la promesa, enterrada por falta de decisión política para hacer frente al desafío de ponerse en contra de los sindicatos que fueron durante años los socios de la coalición de izquierdas para llegar al poder.
El advenimiento del segundo gobierno del Frente Amplio debió haber sido por lo tanto el período de consolidación de esa reforma, pero al no haber sido siquiera empezada quedó para José Mujica el fardo de esta responsabilidad. La enorme mayoría de la ciudadanía uruguaya tenía la fundada expectativa de que por fin se iba a intentar algo serio para cambiar el “paquidérmico” Estado, que al decir del propio mandatario significa un obstáculo formidable para el desarrollo y pesa gravosamente sobre la economía.
Incluso el actual presidente, al hacer referencia en numerosas ocasiones al tema en la campaña electoral, puso como ejemplo el modelo de Nueva Zelandia, donde en pocos años se reformó el Estado y se pudo encaminar a ese país decididamente en la senda del progreso.
Pero claro, además de la diferencia cultural entre ambos países, en Nueva Zelandia no estaba desarrollado similar grado de corporativismo de los funcionarios públicos y de la central sindical, que son los principales defensores del statu quo que les ha consolidado beneficios y una creciente injerencia en decisiones políticas por efecto de la presión sobre el gobierno, cuando tímidamente ha intentado cambios que podrían ir contra sus intereses corporativos.
Desde su asunción, el jefe de Estado ha optado por tratar de convencer a sus interlocutores que la reforma sería muy buena para el país, para que todos nos beneficiemos con un Estado eficiente y seguramente reducido a una expresión mínima, para que a la vez se fortalezca el sector privado que crea la riqueza, dejando al Estado actuando solo en las áreas estratégicas o en las que no hay interés del actor privado.
Pero claro, se están hablando idiomas distintos, sobre todo porque no hay convergencia de intereses ni nada que se le parezca, desde que como lo demuestra la experiencia y como cualquier uruguayo sabe, conociendo los antecedentes, los sindicatos de funcionarios públicos no quieren saber nada con ninguna reforma, aunque dijeron que quieren ser “consultados” antes de que se haga algo, por mínimo que sea. Es que simplemente sus intereses particulares no coinciden con el interés general, e históricamente se han opuesto a cualquier venta, asociación o medida, por mínima que sea que --aunque remotamente-- pueda afectar su situación, su salario, su inamovilidad o sus condiciones de trabajo de pocas exigencias y escasa afectación horaria.
Ello ha llevado a que la sola mención de la palabra “reforma” ponga en estado de alerta a los sindicatos, y que como reacción instintiva, salgan a cuestionar a través de COFE, la confederación que nuclea a los sindicatos estatales, toda argumentación que se haga desde el gobierno, incluso haciendo ver lo que los mismos integrantes del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas manifestaban e hicieron cuando estaban en la oposición, cuando se opusieron sistemáticamente a cualquier intento de reformar, de vender o incorporar la figura de la asociación público-privada para el Estado o siquiera las concesiones.
No puede extrañar por lo tanto que esté todavía en veremos el intento de reestructurar el ferrocarril por la oposición del sindicato de AFE, que procura bloquear cualquier intento de cambiar el ente y ya ha anunciado que encarará movilizaciones y se opondrá a cualquier transformación que signifique alguna injerencia privada en el ferrocarril, lo que realmente hará muy difícil el intento si aparece la “solidaridad” del resto de los gremios del Estado.
Mientras tanto, se ha dejado de hablar en el gobierno de la “madre de todas las reformas” ni de nada que se le parezca, muchos menos hacer, y todo indica que salvo estos intentos parciales, incluyendo la Ley de Participación Público Privada (PPP), de éxito muy comprometido, dado que los sindicatos le intentan dar largas al asunto cuando no se oponen terminantemente, se perderá nuevamente una oportunidad de modificar un escenario que data desde hace muchas décadas y que nadie se atreve a tocar, salvo algunos tímidos pasos que apenas han arañado la cáscara del problema del Estado paquidérmico, ineficiente y caro, paraíso de los corporativismos y grupos de interés que quieren que todo quede como está.