Paysandú, Sábado 10 de Diciembre de 2011
Opinion | 04 Dic Con motivo de conmemorarse recientemente el el Día Mundial de la Respuesta ante el VIH-SIDA, las autoridades de la salud dieron a conocer una serie de indicadores de una realidad que afecta a unas 12 mil personas diagnosticadas en Uruguay, según datos acumulados a 2010, aunque se estima que existe un 50% más de personas que no saben que son portadoras del virus.
Las cifras oficiales indican que hay unos 4.000 casos de SIDA (enfermedad avanzada) y más de 8.000 de VIH (infección sin síntomas de la enfermedad). En 2010 sólo se registraron 800 nuevos casos, lo que muestra una tendencia creciente de diagnósticos positivos. Las autoridades aseguran que esta realidad no significa que haya más infectados, sino más conciencia en los controles.
No obstante, la curva de la estadística ya no es ascendente, sino que ingresó en una meseta. Los especialistas entienden que los nuevos casos se atienden en forma precoz. Los más afectados por la enfermedad son los hombres, sobre todo en edades comprendidas entre los 25 y 44 años. En tanto, entre las mujeres la franja etárea más vulnerable es la de los 25 a 34 años. La principal vía de contagio es la sexual. La perinatal se redujo sensiblemente al igual que la que surge del consumo de drogas, ya que cambió el patrón de consumo.
En definitiva, en un problema que sigue siendo complejo en su abordaje y prevención la noticia de que los servicios médicos y el acceso al tratamiento es más rápido, así como que los niños que nacen contagiados y la gente que adquiere el virus compartiendo jeringas al drogarse son menos, representan buenas noticias.
Un diagnóstico precoz brinda una expectativa de vida mayor a la personas que poseen el virus y garantiza el cuidado de quienes la rodean. A nivel social, la no estigmatización y discriminación de las personas que padecen esta enfermedad es un tema en el que hay que seguir trabajando. La lectura que se hace de la situación 2010 parece brindar un respiro pero los esfuerzos no deben disminuir. Cada persona tiene una responsabilidad ineludible sobre sí mismo pero el Estado debe continuar priorizando la prevención y la prestación de servicios de atención de calidad.
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