Opinion | 12 Dic Recientemente fue difundida una reflexión del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) que señala que el Parlamento utiliza mucho tiempo en la aprobación de leyes “de poca significancia”, a lo que se agrega el problema de que la baja calidad técnica de las normas dificulta su aplicación, como hemos señalado en más de una oportunidad desde la página editorial de EL TELEGRAFO, a la vez de advertir que no es solo un problema del legislativo nacional, sino que este escenario se repite en los gobiernos departamentales.
De acuerdo a lo que indica el diario El País, el 5 de abril de este año el Parlamento aprobó la ley 18.739, que estableció que en las operaciones comerciales donde del monto a pagar surjan diferencias “iguales o menores” a $ 0,50 y no fuera posible la devolución, “la diferencia será a favor del comprador”.
Pero esa ley no tuvo en cuenta que las monedas de $ 0,50, por orden del Banco Central, dejaron de tener valor el 1° de julio de 2010. Por eso, para que la norma fuera de aplicación general, el texto debió establecer que se favorecerá al comprador cuando el cambio fuera una fracción de la menor moneda en circulación.
Para el CAU, lo ocurrido con esta ley es solo uno de los tantos ejemplos que evidencian la falta de técnica legislativa que lleva a que muchas normas sean inaplicables o generen serios problemas de interpretación jurídica. El presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos del CAU, Bernardo Porras, indicó que “el espíritu legislativo estuvo y la intención de beneficiar al consumidor también. Pero lo que no se tuvo en cuenta es que si en lugar de mencionar las monedas de $ 0,50 se hablaba de la moneda con menor valor en circulación, hubiera sido una ley que se podría aplicar durante muchos años”.
El experto en Derecho Administrativo y Bancario comentó además al matutino que la escasa técnica legislativa a la hora de redactar las leyes genera una “gran cantidad de imperfecciones y problemas.
En el lenguaje jurídico cada palabra tiene su contenido. Por ese motivo, la redacción de leyes es como armar un puzzle, donde una pieza necesariamente tiene que acompañar a la otra”, al mismo tiempo que debe tenerse en cuenta que cada ley se interrelaciona con otras y sobre todo con la Constitución, al punto que es común que nuevas normas remitan a disposiciones antiguas ya derogadas.
Porras lamentó que por lo general los parlamentarios “se lanzan a redactar en lugar de consultar y si lo que redactan no está bien desde el punto de vista técnico, la ley no cumple con lo que busca”, pese que a que el CAU y las cámaras de Senadores y de Diputados firmaron un acuerdo a fines de noviembre mediante el cual la gremial de los abogados brindará asesoramiento técnico a los legisladores.
Asimismo, según el estudio del citado colegio, desde el retorno a la democracia en 1985 y hasta el año 2010 el Parlamento aprobó un total de 2.903 leyes, de las cuales 591 (20%) fueron para poner nombre a escuelas. “No todas las leyes requieren el mismo tiempo de estudio para su dictado. Sin embargo, los números analizados sugieren que la actividad parlamentaria podría estar recargada con la aprobación de leyes de relativa poca significancia”, reflexiona el estudio del CAU.
El cuidado en la redacción de leyes tiene que ver con las responsabilidades inherentes al ejercicio del cargo, donde la improvisación se paga muy cara y donde las decisiones y posturas políticas deben ser respaldadas y enriquecidas con el soporte técnico imprescindible para no caer en graves errores que resultan muy difíciles de enmendar cuando las ordenanzas y leyes ya han sido aprobadas y se han generado expectativas y situaciones de hecho que luego deben solucionarse de la forma que sea.
En el Parlamento, y sobre todo en la Cámara de Diputados, en cada período legislativo se reduce el porcentaje de legisladores que tienen determinada formación profesional, sobre todo en Derecho, por voluntad de un electorado que se expresa ante propuestas políticas por encima de atributos técnicos, pero que conlleva un elemento a favor a la hora de elaborar leyes y evaluar sus alcances y repercusiones.
Es por lo tanto positivo que se haya suscripto recientemente el convenio entre el Colegio de Abogados del Uruguay y el Parlamento para la asesoría en la redacción de leyes, porque permite contar con un instrumento que, bien utilizado, apuntará a paliar esa deficiencia de formación de los representantes. Es decir que se contará con asesoramiento técnico para plasmar en el texto el espíritu de la ley sin entrar en colisión con otras iniciativas en vigencia, además de determinarse con exactitud sus reales alcances, con vistas a llevar adelante de la mejor forma posible el trabajo legislativo.