Nacionales | 09 Dic El Poder Ejecutivo asumirá desde principios del año que viene la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, según lo confirmó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. Será en cumplimiento con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado uruguayo por el caso de la desaparición de Claudia García. Breccia aseguró que la fecha que maneja el gobierno es que sea antes de marzo.
Esos datos surgieron en una conferencia de prensa brindada por la Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz, que tiene por cometido supervisar el cumplimiento por el Estado de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Gelman y coordinar con organismos nacionales e internacionales, entre otras acciones.
“El acto de asunción de responsabilidad por parte del Estado nosotros habíamos previsto realizarlo dentro de este año. Lamentablemente cuestiones de coordinación de todos los detalles, han llevado a que se realice a inicios del año que viene. Seguramente antes del mes de marzo”, dijo en conferencia de prensa.
Con respecto al caso Gelman, Breccia expresó que se dispondrá todo lo necesario a los efectos de coordinar los detalles del acto público del reconocimiento de responsabilidad por el Estado por hechos acaecidos durante la dictadura militar, el cual será en marzo. El jerarca dijo que la indemnización del Estado a la familia Gelman está en vías de realizarse, de acuerdo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa indemnización es de una cifra cercana a los 485.000 dólares.
También hubo otros anuncios. El actual edificio del Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) será la sede de la institución nacional de derechos humanos; la comisión gestiona la formación de un banco de datos genético y la organización de los archivos; también examina información y datos presentados por particulares y organizaciones de derechos humanos.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, afirmó que el hallazgo de los restos de Julio Castro puso de manifiesto a nivel del Poder Ejecutivo en general y específicamente de la Presidencia de la República, la existencia de toda una institucionalidad a nivel de los derechos humanos y acciones concretadas en ese contexto.