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Paysandú, Jueves 15 de Diciembre de 2011

Esperado decreto

Opinion | 15 Dic Días atrás, desde este mismo espacio señalábamos la necesidad de soluciones a nuevos peligros sobre la salud de los pobladores del medio rural y la calidad ecosistémica que en diversas oportunidades se ha visto afectada por mal manejo y uso inadecuado de algunos productos fitosanitarios.
Hoy saludamos que el gobierno uruguayo, a través de un decreto del presidente José Mujica, haya prohibido cualquier uso del pesticida endosulfán, por lo que su producción, utilización e introducción al país es ahora un ilícito.
En la última década, Uruguay ha experimentado un aumento sustancial en el uso de plaguicidas tóxicos debido a su aplicación a monocultivos, como la soja, y sus impactos negativos en el ambiente se vienen detectando desde hace años, tales como mortandad de animales, contaminación del agua e intoxicación de trabajadores y poblaciones expuestas.
En Paysandú han habido cursos de agua afectados por el incorrecto manejo de envases de estos productos, a la vez que han sido encontrados rastros de endosulfán en análisis de peces capturados vivos en el río Uruguay, en un marco de un aumento de sensibilización y preocupación social luego de hechos como la aparición de 50 latas de 20 litros con restos de este plaguicida en el basurero de Guichón.
Se trata de un tema sensible e importante que requería una respuesta inmediata de las autoridades, la que finalmente ha llegado. Desde esta perspectiva resulta alentador que el gobierno esté dando este tipo de señales claras en lo que respecta a la protección de la salud de sus ciudadanos. Por otra parte, el decreto no hace más que dar cumplimiento al Convenio de Estocolmo, del cual es firmante y que refiere a ciertas sustancias químicas que actualmente se reconocen como persistentes y bioacumulables.
No obstante, ahora se abre una etapa importante y refiere a la fiscalización y contralor del cumplimiento de la normativa. Los ciudadanos por su parte, tienen ahora un instrumento legal en el cual sustentar sus legítimos reclamos y es de esperar que también sean custodios en la preservación de la sanidad de los espacios que los circundan.


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