Rurales | 11 Dic A esta altura nadie duda de cual es la opinión del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, sobre el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), conocido como impuesto a la tierra. Más allá que en su momento firmó el proyecto para que continúe el curso legal, fiel a sus principios, deja en claro sus diferencias con el contenido, considerando días atrás que es inoportuno aplicarlo ahora por los cambios en el panorama internacional.
El secretario de Estado admitió en la Comisión de Hacienda del Senado que seguramente no sea este el momento más oportuno para aplicarlo porque han cambiado las circunstancias internacionales respecto a cuando se impulsó el proyecto, hace ya varios meses. Conocida su posición pública contraria al contenido del proyecto, el ministro no había asistido, en más de una ocasión, a comparecencias de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, lo cual provocó el malestar de la oposición, que especuló que su ausencia se explicaba precisamente por el disenso.
Lo que dijo a los senadores puertas adentro ratificó esa idea, y el hecho de que en el gobierno hay dos visiones en materia tributaria: la que impulsan los allegados al presidente José Mujica y la OPP, y los afines a la línea del vicepresidente Danilo Astori, que se proyecta desde la administración anterior del ex presidente Tabaré Vázquez. Ante preguntas concretas de más de un senador de la oposición, Aguerre aclaró que si bien está de acuerdo con la finalidad de evitar la concentración de la tierra, su postura original era contraria a este impuesto.
Se le dijo que en el proyecto hay dos impuestos: uno es el que grava a los poseedores de predios superiores a las 2.000 hectáreas Coneat 100. El segundo establece, en sus artículos 13 y 14, que cuando se enajena una propiedad inmueble rural hay que abonar una alícuota por el incremento del valor de la tierra desde 2007, la cual será pagada por todos los productores y no solamente por aquellos con más de 2.000 hectáreas Coneat 100. El País informa que en la reunión, Aguerre aclaró que un productor con 1.999 hectáreas no pagará el ICIR, pero aquel que tenga 2.001 hectáreas efectivamente pagará en base a un cálculo por hectárea tomando toda la extensión del predio. Admitió que al principio su intención era la de aplicar un impuesto a la renta progresivo, pero “la mayoría decidió otra cosa” en el Consejo de Ministros y quedó en desventaja según precisó, explicaron los informantes, por lo que debió acatar aunque sin compartir. “Estoy de acuerdo con el objetivo, que es intentar impedir la concentración de la tierra”, insistió.
“El ICIR es un impuesto a la tierra y no a la renta”, admitió Aguerre. “Yo era partidario de un impuesto a la renta, pero bueno, apostamos a este impuesto para evitar la concentración”, aclaró. Desde que el proyecto del gobierno llegó al Parlamento, el ministro Aguerre ha procurado hacerle cambios dado su rechazo al contenido de la iniciativa. Por ejemplo, propuso dividir a los propietarios de tierra en franjas de acuerdo a la cantidad de hectáreas, y establecer montos adicionales de Imeba crecientes según esas franjas, pero sin éxito. De ahí el título. Como ministro firmó para que el proyecto continuara el proceso legal, pero no está de acuerdo en la forma que está planteado y lo deja muy en claro cada vez que se le pregunta.
Valorización de la tierra
El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales grava a los predios que superan las 2.000 hectáreas con un índice Coneat 100.
La iniciativa del gobierno se sustenta en la valorización que ha tenido la tierra en los últimos años, dice el mensaje que acompañó el proyecto al Parlamento.
El impuesto cuenta con una segunda parte que modifica el gravamen a la compra venta de inmuebles que generará fondos para el Instituto Nacional de Colonización. Los gravámenes previstos son de U$S 8 por hectárea a los predios de entre 2.000 y 5.000 hectáreas; de U$S 12 por hectárea a los de entre 5.000 y 10.000 hectáreas; y de U$S 16 por hectárea a las extensiones mayores de 10.000 hectáreas. Se espera recaudar unos U$S 60 millones, y por el aumento del gravamen a la compra venta de inmuebles se percibirán otros U$S 20 millones anuales.