Opinion | 15 Dic La idea de un plan asistencialista, en esencia, es dirigir recursos a los sectores más vulnerables de la sociedad a través del Estado, es decir de los fondos que aporta el resto de la sociedad, con la intención de ayudarlos a superar situaciones de emergencia. Además, busca promover esquemas de apoyo para que en determinado período los grupos marginados o de menores ingresos accedan a programas de capacitación e inserción que más adelante les permitan valerse económicamente por sí mismos.
Con esta premisa a partir de la Administración Vázquez, y con continuidad y algunos cambios en la de José Mujica, se instrumentaron varios programas con diferentes nombres, el más conocido y emblemático de los cuales fue el Panes, que distribuyó millones de dólares entre miles de familias que se inscribieron, a cuyos efectos además se creó un nuevo ministerio –el de Desarrollo Social—que concentró el diseño, instrumentación y eventual control de los programas de este sesgo.
A más de un quinquenio de esta instrumentación de planes de emergencia, ya hace rato que debería haberse consolidado una etapa de evaluación a efectos de determinar los resultados, sobre todo respecto a cuantos beneficiarios del sistema han logrado ser rescatados de su precaria situación para integrarse a la sociedad, y eventualmente introducir los correctivos para efectivamente generar las alternativas laborales a las que los afectados no tenían acceso.
Es por este motivo que el sector político debate sobre la real eficiencia de las políticas asistencialistas, desde que las cifras que han surgido del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), indican que el 80 por ciento de los inscriptos en el Programa Objetivo Empleo (POE) del Plan de Equidad a los que se les ofreció un trabajo --2.304 personas-- los rechazó, por lo que los subsidios otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) vendrían a operar como un desestímulo para la incorporación de las personas de menores ingresos al mercado de trabajo. Sin embargo, como era de esperarse este aspecto siempre fue negado por las autoridades del Mides.
Es que el trabajo formal es un impedimento para seguir cobrando las mensualidades del programa, y el Plan de Emergencia (Panes), implementado entre 2005 y 2007 en los hechos ha significado la distribución de dinero sin pedir nada a cambio, desde que ni siquiera se ha controlado debidamente la asistencia de menores a los centros de enseñanza, que se suponía era una condicionante. El productor agrícola Alberto Gramont declaró a El Observador que “dos o tres veces por semana llega alguien a la oficina pidiendo para trabajar en negro y trabajar tres días al mes para completar el subsidio. Ocurre que la diferencia le podría reportar un ingreso de hasta 2.100 pesos. Pero en esta empresa el jornal para un peón raso es de 500 pesos más 200 para la comida, por lo que la persona podría ganar 14.000 pesos mensuales nominales”, pero los beneficiarios del Panes prefirieron seguir de la misma forma, recibiendo el subsidio sin necesidad de trabajar, a lo sumo con alguna “changa” ocasional.
Asimismo el presidente de la Confederación Granjera, Alberto Iglesias, consideró que las cuadrillas de recolección de fruta “han sido diezmadas por el Mides, de forma alarmante. La remuneración para un peón contratado es de un prometido de 16.000 pesos líquidos mensuales, con casa y comida y está inscripto en el Banco de Previsión Social (BPS), pero “la gente solo acepta siempre y cuando sea en negro”.
En el caso de Paysandú y otras zonas de frontera, el contar con el subsidio de estos programas se “complementa” muchas veces con el trasiego de mercadería desde la Argentina, lo que contribuye a romper definitivamente con todo posible hábito de trabajo para personas que no cuentan con el mejor ejemplo en su propio hogar de origen, por lo que el rescate a través del Panes y programas similares se transforma simplemente en una asistencia a la que se aspira a contar de por vida como si fuera una obligación del Estado o de todos los ciudadanos.
Este es el meollo del asunto, cuando se está además ante el “núcleo duro” de la sociedad que forma parte del desempleo permanente, aunque éste se encuentre dentro de sus niveles más bajos históricamente.
Lo realmente llamativo es que alguien pueda sorprenderse ante esta realidad, que claramente era visible desde que se iniciaron todos estos planes. Si bien existe un sector de la población empobrecida que buscará superarse por sus propios méritos, y en consecuencia sólo necesita de la ayuda del Estado transitoriamente, muchos advertirían de inmediato que sumando todos los beneficios sociales (en efectivo, tarjetas de compra del Mides, asignaciones familiares, y un sinnúmero más que se han creado con distintas justificaciones) podrían obtener cifras muy cercanas o incluso superiores a lo que se gana trabajando, pero sin hacer nada. A lo sumo, una “changa” podría servir para sumar a este sueldo. De hecho, cuando se creó el monotributo se estimaba que un cuidacoches de Montevideo o un limpiavidrios de la calle –que “iba a empezar a aportar” (¿?)--, recibía en monedas entre 400 y 800 pesos por día, según palabras del propio Danilo Astori, por entonces ministro de Economía. Quizás sea por ese motivo que en Paysandú, encontremos en las paradas de motos o en esquinas “estratégicas” a las mismas personas que hace más de cinco años “trabajan” de cuidadores o limpian parabrisas por unas monedas.
Por lo tanto es hora de ir barajando alternativas a esta situación, so pena de que quiera estimularse el desempleo permanente, con miles de personas viviendo de los aportes de los uruguayos que se han forjado en el hábito del trabajo.