Nacionales | 17 Dic Integrantes del Centro de Navegación recibieron con enorme sorpresa la decisión de no permitir el ingreso a puertos uruguayos de barcos con bandera de las Islas Falkland. “Esto ha generado una conmoción, porque todavía no hay una versión oficial de la resolución presidencial”, dijo el presidente del Centro de Navegación, Mario Baubeta.
“Hay una gran preocupación porque no solo el puerto de Montevideo, sino la economía nacional se puede ver afectada. Los buques pesqueros utilizan de base el puerto de Montevideo, esos barcos no van a España, y hacen todos los servicios acá, de dique, de avituallamiento, de descarga, traen también carga para los buques oceánicos. Hay una multiplicidad de servicios que generan los pesqueros”, añadió el presidente del Centro de Navegación.
Baubeta expresó que estos barcos “van a recalar en Brasil”. “Solamente son perjuicios para nuestro país, cuando tendrían que ser decisiones del Mercosur, no unilaterales que sólo perjudican a un país”, acotó. El ingreso de dinero por servicios a los pesqueros que pasan por Uruguay es de unos 300 millones de dólares anuales, según el Centro de Navegación.
Al Centro de Navegación lo integran los agentes marítimos que atienden a los buques pesqueros, los operadores portuarios que descargan los pesqueros, rellenan los contenedores y luego cargan los contenedores de los buques oceánicos para diferentes partes del mundo, explicó Baubeta. También son parte de este centro los propietarios de las terminales que dan frío y servicios a contenedores de carga perecedera y los dueños de depósitos portuarios a los que llegan enseres para los alistamientos de los buques pesqueros desde diferentes partes del mundo. En estas fechas hay varios barcos pesqueros en diques del puerto siendo reparados, ya que hay tripulaciones de vacaciones. Cuando esas embarcaciones parten se abastecen para semanas o meses de captura en alta mar, lo que incluye carnes, pan, leche, verduras y frutas. Estas actividades implican millones de dólares que se pagan en Uruguay. Las embarcaciones que se pueden ver afectadas pescan en el Atlántico Sur y lo hacen en dos condiciones: unos fuera del área de exclusión de Islas Malvinas y otros en esa zona con licencia por la que deben pagar un canon.