Opinion | 18 Dic El homicidio perpetrado por parejas o ex parejas constituye la principal causa de muerte violenta de las mujeres uruguayas. La estadística indica que cada 14 días muere una mujer por violencia doméstica en nuestro país. Por otra parte, el 66% de las mujeres víctimas de homicidio tenían una relación familiar con su agresor, en tanto que el 44% sucumbió en manos de su pareja o ex pareja, mientras que 22% fue agredida por otro familiar, lo que desmiente rotundamente nociones muy extendidas en el sentido que los extraños constituyen la mayor amenaza para las mujeres.
El reciente asesinato de una docente salteña a manos de su ex pareja ocupa hoy lugares destacados en varios medios de comunicación del país no solo por el hecho en sí --totalmente aberrante e inhumano-- sino porque la víctima, horas antes de morir había solicitado ayuda a la Unidad de Violencia Doméstica donde, según sostienen sus familiares, no sólo le dificultaron la denuncia (al punto tal que tuvo que ir ella misma a verificar el número de puerta del domicilio del agresor para cumplir con ese requisito), sino que resulta claro que quienes debían brindar protección fueron ineficientes para cumplir con su cometido.
“La orden de restricción es un papel higiénico para ir al baño”, dijeron familiares de la víctima durante una marcha realizada luego en repudio al hecho porque el asesino de la profesora no solo se acercó sino que se consideró con el poder suficiente para quitarla del mundo.
Se trata de un tema en el que es necesario llamar la atención porque en repetidas oportunidades personas que cuentan con órdenes de restricción expedidas por la Justicia las violan a su antojo, impunemente.
Indudablemente, algo falla. El derecho a la vida es intrínseco al ser humano y por eso se lo ha incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todas las constituciones nacionales. Nuestro país cuenta con legislación y normativas para amparar a las víctimas de violencia doméstica pero en los hechos, muchas veces es letra muerta. Una y otra vez se falla en la respuesta y eso no puede seguir así, no sólo por razones humanitarias y morales elementales sino porque cada vida tiene un valor único e insustituible y por las especiales consecuencias que este tipo de violencia tiene para el funcionamiento de la sociedad.