Paysandú, Miércoles 21 de Diciembre de 2011
Rurales | 17 Dic Luego de 10 años de funcionamiento, finalizó sus actividades el Programa Uruguay Rural (PUR). Su director, José Olascoaga, presentó en conferencia de prensa los resultados y acciones, explicando que el programa benefició de forma directa a 10.214 familias rurales y representó la inversión de más de 23 millones de dólares.
Sostuvo que en 2005, con el cambio de gobierno nacional se redefinió el trabajo del PUR, tomando como prioridad la atención de los productores familiares y la reducción de las causas que generan la pobreza rural. Señaló que de esta manera comenzó el trabajo para llegar a los rincones “más olvidados del país”. También resaltó que desde el 2001, inicio del programa, hasta el 2005, se ejecutaron U$S 6.500.000, mientras que desde el 2006 al 2011 fueron U$S 17.000.000 los destinados a la atención de los productores rurales. Dentro de los logros del programa, el jerarca señaló el avance en la descentralización, al llegar a las zonas rurales más dispersas y localidades de menos de 5.000 habitantes. Consideró que fue una contribución para crear la Dirección de Desarrollo Rural --que funciona desde 2008--. Otro mérito que otorgó al PUR fue la reglamentación de la Ley de Descentralización Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; que a su vez estableció las Mesas de Desarrollo Rural --hoy 34, con más de 200 organizaciones de productores--.
Por su parte, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, dijo que las acciones de desarrollo rural son instrumentos para salir de la pobreza y por ello deben ser de construcción permanente. Valoró al PUR como un instrumento que permitió que algunas políticas llegaran por primera vez en la historia a todo el país. Indicó además que posibilitó la construcción, desde el enfoque de la descentralización y participación a la construcción de ámbitos de diálogo y discusión.
Cobertura nacional
El Proyecto Uruguay Rural pertenece a la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería. Se implementó entre los años 2001 y 2011, en un acuerdo entre Uruguay, a través de esa cartera y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Fue un proyecto con cobertura nacional, que buscó contribuir a reducir la pobreza rural mediante la mejora de los ingresos de los hogares rurales pobres y de su calidad de vida.
Funcionó en base a dos líneas estratégicas: impulsar la organización de asalariados rurales y productores familiares, promoviendo la descentralización y participación local en la toma de decisiones y mejorar su inserción en las cadenas de valor con precios justos, como estrategia de comercialización de sus productos.
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