Opinion | 17 Dic Los rostros felices de las catorce jefas de hogar que durante largos meses trabajaron mediante el sistema de ayuda mutua para llegar por fin al anhelado techo propio, con las llaves de sus viviendas en alto durante el acto realizado hace pocas horas en Paysandú, representan simbólicamente la cara más feliz de una realidad que tiene muchas más facetas, que conllevan en muchos casos frustración y sentimientos de esperanza, cuando decenas de familias van en pos del mismo objetivo.
Por lo pronto, una primera lección que debe inculcarse es que poco y nada puede esperarse de bueno si no se vuelca con este fin el esfuerzo de los destinatarios, sin esperar que el Estado nos lo proporcione todo, aunque sí corresponde esperar que facilite las cosas y genere por lo menos instrumentos para acceder a este caro objetivo.
En esta oportunidad la buena nueva tuvo como protagonistas a las catorce mujeres del Barrio Fátima, las que por espacio de dos años dedicaron muchas horas de cada jornada a colocar ladrillo tras ladrillo para levantar las paredes de su hogar, que nadie les regaló, pero que sí ha contado con subsidios del Estado, provenientes de fondos de toda la sociedad que se vuelcan a este objetivo en favor de sectores vulnerables.
La incorporación de viviendas decorosas, con sus correspondientes servicios, debe ser motivo de festejo para toda la comunidad, pues implica que varias familias han podido dejar de lado su situación precaria para conformar barrios que se integran a la ciudad, a la vez de otorgarles seguridad en cuanto a la propiedad y regularización de sus viviendas.
Lamentablemente, por cada familia que logra solucionar el problema del techo propio, seguramente hay más de mil en todo el país que aguardan acceder a una vivienda decorosa, pero que no pueden hacerlo por no contar con recursos suficientes como para afectar parte de sus ingresos a financiar el costo que tiene en nuestro país una casa habitación.
Esta es una realidad que se arrastra desde hace muchas décadas, lamentablemente, y ha tratado de ser revertida por sucesivos gobiernos a través de políticas que han resultado insuficientes, a juzgar por los resultados, porque por un lado no se han promovido los instrumentos más adecuados, tanto desde el punto de vista técnico-organizativo como de los recursos, para encarar una acción sostenida sobre reglas de juego claras que dieran un mínimo de seguridad a los potenciales protagonistas, para empezar.
En su momento se pretendió poner énfasis en la defensa de los inquilinos, mediante leyes que los sobreprotegieron, con lo que se logró al fin de cuentas el resultado contrario al que se esperaba: se desalentó la inversión inmobiliaria al no poderse desalojar a los ocupantes de ningún tipo de vivienda, y se fue deprimiendo el stock habitacional, sobre todo para los sectores de menores ingresos.
Asimismo, hubo políticas que apuntaron a “regalar” viviendas a través del Estado a familias de sectores vulnerables, para encontrarse con que los destinatarios muchas veces ni siquiera las ocupaban y las malvendían o alquilaban, o en otros casos las dejaban en estado de abandono, incluso vendiendo aberturas y elementos interiores. Se asumió así, tardíamente, que regalar no es una solución, sino que cada familia debe aportar su contrapartida de esfuerzo y eventualmente recibir subsidio para complementar el pago de la vivienda, como una forma de reducir costos pero sobre todo de hacer valer el hecho de que las cosas cuestan y que no hay almuerzos gratis.
También es cierto que debe tenerse presente otro componente, que se ha invocado recurrentemente, y que es el referente a la solidaridad. A este sentimiento se apela cuando se aspira a acceder a una vivienda por alguno de los programas, pero suele ocurrir que no se tiene la misma disposición para el repago de la casa, para hacer que mediante el retorno de recursos otras familias necesitadas puedan lograr por la misma vía la solución habitacional. Esto ha sido determinante para que organismos como el Banco Hipotecario del Uruguay en su momento y el propio Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como el Mevir, sufrieran falta de recursos, porque buena parte de quienes han resultado beneficiarios de los programas han mantenido fuertes atrasos y una morosidad que ha hecho mella en los respectivos organismos y adoptar medidas de cobertura.
Ello indica que la problemática de la vivienda, si bien solo puede solucionarse con una mayor oferta de unidades, tanto en construcción como para reciclar y/o alquilar, requiere una fuerte compenetración y asunción de responsabilidades por los potenciales beneficiarios, conjugado con la condigna respuesta de organismos del Estado, como el MVOTMA, en coordinación con las intendencias departamentales, mediante programas que atiendan la realidad desde su diversidad de ángulos y posibilidades, en el entendido de que no es una situación que se va a arreglar en un año, ni en dos ni en cinco, pero que sí podría revertirse en buena medida en una década si se generan respuestas valederas, con ofertas de créditos a largo plazo e intereses razonables, donde sí debe intervenir el Estado, para que este agudo déficit social cambie radicalmente.