Escribe el Doctor Rodolfo Canabal

Locales | 20 Dic En fecha reciente se ha aprobado, por vía legislativa, un importante asunto en el cual tuvo gravitación decisiva el apoyo que le dio el Presidente de la República, y se emitió además, por quien ejerce tan alta función, una importante decisión, con relevancia internacional. En concepto del responsable de esta columna dichos asuntos no deben permanecer al margen del comentario.
El primero de ellos es el que, ante iniciativa del Congreso Nacional de Intendentes, había acordado dicho organismo con el Poder Ejecutivo sobre un nuevo régimen aplicable a las patentes vehiculares, con vigencia nacional, aprobado por ley sancionada por el Poder Legislativo, que culminó prolongado proceso habitualmente llamado “guerra de las patentes”. Dicho tema había sido favorablemente analizado en la nota aquí insertada el 25 de octubre ppdo. con el siguiente título: “El régimen de patentes de automotores debe ser regulado por ley nacional”. Dicho proyecto dio lugar a discrepancias en su tránsito por el Parlamento, pues no contó, no obstante coincidir en su proposición el precitado Congreso y el gobierno, con el deseado amplio apoyo legislativo, sino solo con el indispensable para su aprobación parlamentaria, pues las bancadas nacionalista y colorada no aportaron en su última etapa sino el voto de algunos de sus integrantes.
Como se expuso en dicha nota, es muy importante la mejora que ha de resultar, sin ninguna duda, de la ley precitada, al regular todo ese importante asunto mediante normas legales con vigencia nacional, que eliminarán las excesivas controversias que, desde hace décadas, se han estado suscitando entre los distintos gobiernos departamentales, y entre ellos y los contribuyentes; también elimina el insólito hecho de que exista una regulación del tránsito vehicular en cada uno de los diecinueve departamentos y otro para las rutas nacionales. Además lo acordado, como se expresó en dicho comentario, se ajusta a la Constitución.
Pero es de lamentar ciertamente que algo tan necesario, destinado a resolver el cúmulo de problemas derivado de lo que hasta el fin de este año regirá, no haya contado con el amplio apoyo de todos los legisladores de los partidos representados en el Parlamento, no obstante haber sido acordado entre el gobierno nacional y el Congreso Nacional de Intendentes, vale decir, con intervención del órgano que integran los diecinueve intendentes municipales del país, lo que equivale a decir que fue una forma de dar solución mediante la intervención de los órganos que representan, precisamente, por una parte a cada uno de los departamentos, y por la otra, a la colectividad, destinado a la defensa de sus intereses. Por tanto, lo aprobado es fórmula que en esencia fue lo más conveniente para todos y cada uno de los sectores comprendidos en lo acordado, como resultado de una transacción tendiente, se reitera, a superar la molestia de conflictos ya muy antiguos.
El otro asunto en el cual hubo decisión presidencial fue el que prohibió a los navíos con bandera británica con indicación de que la unidad corresponde a las Islas Malvinas a operar en puertos uruguayos.
Tal como se ha señalado por integrantes de sectores de la oposición política, y totalmente al margen de que Uruguay apoye a Argentina en su reclamo acerca de las Islas Malvinas y de que la actitud resultante de la decisión presidencial haya sido pedida por el gobierno vecino, se entiende que es equivocado lo resuelto, pues en primer término no se advierte que haya sido adoptado previos los estudios y asesoramientos que tema tan importante requiere, a lo que se debe adicionar una amplia consideración del mismo a nivel nacional; además, una medida de tal índole, que tiene el efecto de limitar la libertad de acceso a los puertos nacionales, afecta de manera muy importante intereses comerciales nacionales que producen ingresos de gran volumen, afecta el prestigio que el puerto de Montevideo y los demás del país han adquirido, los cuales serían sustituidos en la prestación de tales servicios por los del vecino norteño, y por tanto no se compadece con el superior interés nacional. Por otra parte, no parece razonable atender así, sin las debidas prudencia y meditación, pedidos vecinos, en circunstancias en que es continuo que las vecinas autoridades adopten medidas que perjudican a nuestro país y a sus intereses (dicho ello, obviamente, al margen de lo precedentemente señalado acerca de que lo resuelto, además de ser no pertinente, se dispuso sin la indispensable meditación).