Opinion | 23 Dic En los últimos días del presente año, el presidente José Mujica procurará pasar en limpio el escenario de la enseñanza en nuestro país, que es uno de los desafíos más importantes de su gobierno y que tiene por delante sobre todo el Uruguay, a partir de la necesidad de revertir el proceso de deterioro sostenido en este campo, que condiciona nuestro futuro.
En esta oportunidad el mandatario ha convocado nuevamente para el 28 de este mes a los representantes de todos los partidos políticos, a efectos de intercambiar puntos de vista y procurar acuerdos para avanzar en acciones reformistas que han contado con una firme oposición de los gremios y también de grupos radicales de la propia coalición de izquierdas.
Es notorio que hasta ahora ha sido inconducente la disposición del mandatario a “negociar, negociar y seguir negociando” con grupos que como los gremios de docentes, sobre todo ADES Montevideo y la Fenapes, están defendiendo sus propios intereses y anteponen visiones ideológicas ridículas, que caen por su propio peso, a los intentos, por ahora muy parciales, de cambiar la pisada en Secundaria, que es donde se registran los mayores problemas de aprendizaje y deserción.
El resultado hasta ahora ha sido una fuerte trabazón forzada por los gremios, que se oponen siquiera a tocar los esquemas vigentes, en una cerrada negativa a la “injerencia” del poder político en la conducción de la educación, que entienden debe estar a cargo exclusivamente de los nucleamientos docentes, que son los únicos que a su juicio “saben” de la materia.
Una propuesta del ex presidente del Codicen Daniel Corbo, que solo tiene como principal novedad la incorporación de evaluaciones para unos veinte centros docentes de los más de mil distribuidos en todo el país, ha desatado la ira del gremio capitalino de docentes de Secundaria ADES y la Fenapes, al punto que el primero ha llevado adelante medidas de lucha con ocupación de locales de enseñanza cuando se convocó a directores y subdirectores a elegir horas, frustrando esta instancia y haciendo que numerosos docentes del Interior debieran volver a sus lugares de origen sin poder cumplir con este requisito. Estas acciones contra sus propios colegas, al amparo de la “lucha” que llevan adelante contra los cambios, es apenas una muestra de las posturas extremistas que exhibe una minoría que vive del statu quo existente en una enseñanza anquilosada, que les sirve para seguir en la cómoda, sin que nadie pueda evaluarlos en sus tareas y por ende determinar si lo que hacen lo hacen bien o mal, si sirve de algo o si se tiene que cambiar.
Es decir que quieren seguir siendo juez y parte en este esquema, porque sirve a sus fines de seguir reclamando más y más recursos sin dar cuenta de lo que se gasta y cómo, y rechazan de plano el otorgamiento de recursos contra resultados, como debería ser, para no seguir arrojando dinero a un barril sin fondo.
Estamos en realidad peor que antes de la Ley de Educación, que fuera aprobada durante la Administración Vázquez, porque a través de ella se ha conferido poder adicional a las representaciones docentes en los organismos de la enseñanza.
Pero el punto es que la enseñanza no pertenece a los gremios, sino que debe responder a los supremos intereses del país, de los ciudadanos, que tienen sus representantes elegidos democráticamente en consultas populares, y que son los que deben conducir la enseñanza en aras del interés general. Los gremios están para defender los intereses de los trabajadores, lo que es correcto, pero jamás pueden pasar por arriba de la decisión democrática del pueblo uruguayo, ejecutada por los genuinos representantes políticos que están en esa función porque tienen el respaldo del voto popular. Y mientras el mandatario y el partido de gobierno no lo tengan claro --y si lo tienen, como esperamos, no tengan la voluntad política de hacer lo que se debe hacer, es decir de ejercer la autoridad como corresponde, en defensa de los ciudadanos--, poco y nada bueno podemos esperar de la dilucidación de este conflicto, en el que se cayó por haber otorgado el poder gratuitamente a quienes lo ejercerían, como ha quedado demostrado, solo en aras de alcanzar sus designios.