Nacionales | 02 Ene Desde que el Poder Ejecutivo puso en práctica la nueva ley de Negociación Colectiva en el sector privado durante 2008, la disconformidad de las gremiales empresariales con las normas laborales es una constante. Al hacer un balance de 2011 indicaron que es “un debe” del gobierno el no haber cumplido con las recomendaciones realizadas en mayo pasado por la Organización Internacional del Trabajo, que recomendó modificar ocho puntos de la normativa y ratificó su posición en el mes de agosto, cuando una misión oficial visitó el país. Las correcciones aún no se concretaron y el punto se consolidó como uno de los principales blancos de crítica que las empresas tienen para con el gobierno.
“La balanza no está en un punto de equilibrio”, afirman. “Nosotros vemos un desequilibrio en la relación de fuerzas”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay Marcelo Lombardi, consultado sobre su balance respecto a la política laboral. Un punto de vista similar tiene el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Burghi. Para el empresario, aunque no exista un consenso entre las partes, el Poder Ejecutivo debe de cumplir con las recomendaciones porque es quien tiene la responsabilidad de legislar.
Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se aseguró que el envío al Parlamento del proyecto para modificar la ley está sujeto a acuerdo entre las partes. “La recomendación dice claramente que el proyecto deber ser en consulta con las dos partes. Cuando el proyecto inicial se envió al Parlamento y los empresarios se retiraron, de alguna manera desataron un proceso que dura hasta hoy”, expresó el ministro Eduardo Brenta.
“Hoy vemos un nivel de rigidez en la negociación colectiva que no es bueno y que es solo consistente en períodos de bonanza. El sistema se va a poner a prueba cuando la situación no sea de bonanza y cuando el empleo en vez de crecer en algún punto pueda decrecer. Va a tener que tener la madurez como para evitar que la conflictividad se dispare”, expresó Lombardi.
El año 2011 cerró con los niveles más altos de conflictividad sectorial --incluyendo conflictos de rama y de empresa-- de los últimos años y registró un incremento de 15% en comparación a lo sucedido en 2010. La huelga en el sector metalúrgico tuvo gran incidencia. También influyeron otros conflictos del sector público en bancos, transporte y educación. El sector con mayores índices fue la industria manufacturera y dentro de ella la metalurgia, que concentró un 20% de los totales. La construcción se ubicó en segundo lugar. Los paros por reivindicaciones salariales representaron el 65% de los conflictos sectoriales y le siguieron las movilizaciones por mejoras de condiciones de trabajo y los conflictos por empleo, según establece el informe anual sobre conflictividad elaborado por el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica.