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Paysandú, Miércoles 04 de Enero de 2012

El estado a dieta

Opinion | 28 Dic La división cargas de AFE pasará a regirse por el derecho privado, al ser convertida por decreto en una sociedad anónima de la que son accionistas la propia empresa estatal y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).
El paso dado por Mujica no es arriesgado porque la única manera de hacer viable y rentable a la ferroviaria es quitarla del ámbito estatal, aunque seguirá en manos de AFE y de la Corporación, en definitiva instrumentos estatales. Pero el elemento clave es que se regirá por el derecho privado. No es arriesgado tomar esta decisión, pero si abre esperanzas de que finalmente Uruguay se ponga en el camino de poner a dieta a su obeso estado, que puedan tomarse las decisiones imprescindibles para reducirlo y finalmente el país puede aumentar su competitividad.
La figura elegida no es la de la privatización lisa y llana, estilo de la Argentina menemista por ejemplo, sino la de pase a derecho privado manteniendo el estado inversiones en las empresas. Hoy por hoy AFE tiene casi 1.100 empleados, una cantidad desproporcionada para los servicios que brindan y la actividad que cumplen.
El estado uruguayo es el mayor empresario del país y ciertamente esa no debe ser su tarea principal, sino la de dedicarse a gobernar y a administrar las riquezas, sin que ello implique involucrarse directamente en producción y servicios. El de AFE es un paso hacia adelante, hacia el estado del “deber ser”; dejando de lado definitiva el del estado benefactor, que creó miles de puestos de trabajo a partir de la desproporcionada concentración de empleados en sus propias empresas, las que perdieron competitividad y rentabilidad precisamente por la enorme masa salarial que debían (y deben) afrontar.
Que no le tiemble la mano señor Presidente al momento de conducir al estado hacia un futuro mejor, con una estructura más ágil y fuerte.
El Estado debe dejar de ser un refugio salarial --tal como lo dijo Mujica-- y generar una profunda reestructura que permita redistribuir sus recursos, por un lado, y poner en manos de privados o de empresas de derecho privado, las empresas productivas y de servicios.


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