Opinion | 29 Dic En estos días el Senado de la República aprobó, por mayoría, el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva promovido por la fuerza de gobierno. Pero el trámite legislativo no se cierra en esta instancia, sino que se reabrirá en marzo, cuando la iniciativa pase a la consideración de la Cámara de Diputados, tras el receso parlamentario de verano.
Un tema por cierto controvertido como el que más, en cuyo tratamiento se generó un debate que comenzó al mediodía y se extendió hasta la noche. La senadora oficialista Mónica Xavier (Partido Socialista), una de las impulsoras de la iniciativa, en su exposición de motivos explicó que la ley constituye “un mecanismo garantista de que si la mujer no puede proseguir el embarazo, tenga las mismas garantías que una mujer que llevó el embarazo a término”.
“Nosotros no somos censores morales, sino que somos legisladores, por suerte en una sociedad diversa. Necesitamos el reconocimiento de la diversidad de esa sociedad para hacer la norma más equitativa”, aclaró, en tanto el senador colorado Alfredo Solari (Vamos Uruguay) preguntó “¿Cómo se puede establecer por ley que la interrupción del embarazo solo la puede decidir la mujer?”
Por su lado el senador nacionalista Carlos Moreira (Alianza Nacional) consideró que el derecho a la vida “arranca desde el momento de la concepción, como lo dice el Pacto de San José de Costa Rica”, y que en caso de ser aprobada esta ley el país estará violando tratados internacionales.
Estamos ante un tema que si bien en su tratamiento parlamentario ha marcado perfiles muy definidos entre los partidos, como consecuencia de alineamientos propios de la vida política, en su esencia atraviesa transversalmente los partidos, como a su vez lo hace también a toda la sociedad. Por eso cuando los partidos adoptan posiciones monolíticas, se exponen a no contar con el respaldo de muchos de sus votantes que evidentemente no se sentirán representados por el voto que finalmente se manifieste en el escenario parlamentario.
En este caso, poco antes de solicitar licencia para dar ingreso a su suplente, el senador oficialista Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay) ratificó su postura contraria a la despenalización del aborto. “Desde el momento de la concepción hay vida humana. Estoy en contra de la despenalización del aborto, en forma lisa y llana. El tema se circunscribe a estar a favor o en contra del aborto. Eso es inconveniente”, dijo.
Su suplente, Milton Antognazza, votó a favor de la ley, permitiendo que el Frente Amplio alcanzara la mayoría necesaria en el Senado para sancionar el proyecto.
Ocurre que ante esta iniciativa se ha manifestado el simplismo de poner las cosas en blanco y negro, como lo es el pretender que aprobando o rechazando la propuesta ley se está a favor o en contra de la vida.
Este tema, como tantos otros en la vida, es una gama de grises, porque aquí no hay solución buena para situaciones indeseadas, desde que en el plano del aborto sí o aborto no, se plantea un punto sin retorno que debió haberse evitado, que es el embarazo no deseado, y este es el aspecto en que debe ponerse énfasis.
Estamos además ante la hipocresía de que en Uruguay se realizan más de 30 mil abortos ilegales al año en buena medida con la complicidad de la ciudadanía, porque se entiende que la realidad de cada caso es mucho más dura que los principios éticos y morales que motivan políticamente estas discusiones, que difícilmente lleguen a algo. Por otra parte, la normativa que está vigente desde hace décadas, penaliza el aborto para quien efectúa la intervención y para quien se la practica, lo que hace que no haya quien denuncie el caso puesto que sería autoincriminarse, por lo que el hecho solo salta a la luz cuando se llega a una situación traumática, incluso con la muerte de la embarazada. Paradójicamente en estos casos existe una flagrante discriminación motivada por la misma legislación, dado que la mayoría de los casos graves les suceden mujeres de bajos recursos que no pueden pagar un aborto que le dé garantías para su salud, al que sí acceden las de clase pudiente.
Por lo tanto no es buena la ley vigente, porque en su maximalismo genera una realidad que no puede ignorarse, y el legalizar el aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación, como contempla la ley en tratamiento legislativo, si bien apunta a atender esta realidad, conlleva problemas éticos, morales, filosóficos y religiosos para quienes entienden que se está atentando contra la vida de un ser humano ya gestado.
Entonces no hay posibilidad alguna de legislar equitativamente sobre estos aspectos controvertidos. Lo que sí puede y debe hacerse es promover la educación inherente a la salud sexual y reproductiva, para combatir por todos los medios las causas que llevan al embarazo no deseado, que es el origen del problema.
Y como lo hemos manifestado en más de una oportunidad, llegado el momento debería buscarse la forma de legitimar la ley que se sanciona mediante plebiscito popular, porque la sociedad debe ser consultada directamente cuando están en juego valores tan caros para el ciudadano, al margen de toda preferencia partidaria.