Opinion | 30 Dic Hace pocas horas, en ceremonia compartida uruguayo-argentina, se retiraban de un parante de cemento del Puente Internacional Libertador General San Martín, al que se accede desde Gualeguaychú por la Ruta 136, la placa con los nombres de los ex dictadores de Argentina y Uruguay, Jorge Videla y Aparicio Méndez respectivamente, quienes ejercieron las presidencias de uno y otro país entre los años 1976 y 1981.
Aciagos años aquellos, por cierto, en los que se quebró la institucionalidad en ambas orillas del Río de la Plata por gobiernos militares que se alzaron con el poder, en ancas del caos que en el caso de Uruguay fue originado por la subversión tupamara, que se alzó en armas contra gobiernos democráticos desde la década de 1960.
La enorme mayoría de los uruguayos, que no éramos por supuesto ni pro militares ni pro sediciosos, quedamos así prisioneros de los extremismos de derecha y de izquierda, que como es natural, se realimentan del odio y la intolerancia mutua. El tiempo transcurrido debió habernos dejado la enseñanza de que las diferencias deben procesarse en un ámbito de respeto por quienes piensan distinto, sobre todo porque la experiencia indica que nadie es dueño de la verdad absoluta y que muchas veces cada uno tiene una cuota parte de razón a la hora de exponer su visión de las cosas.
Lamentablemente, el “acto” de remoción de las placas, promovido por la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), justificado en el concepto de que “es nuestro humilde y consciente aporte a la sociedad soñada que hoy estamos construyendo con Memoria, Verdad y Justicia”, revela que coexisten enquistados en nuestra sociedad y en sectores de los gobiernos de ambas orillas, resabios de intolerancia y aún de negación de la verdad histórica, que se pretende así adaptar a sus visiones ideológicas.
En realidad se hace flaco favor a la búsqueda de la verdad, como se señala, cuando se pretende olvidar los hechos históricos, que son eso, mal que pese, y que están ahí, que no pueden ser disimulados y borrados como alguna vez quiso hacer Hitler aplicando un tacazo de su bota prusiana a los símbolos de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial.
Precisamente, tanto el puente Libertador General San Martín, como el General Artigas, y la propia represa de Salto Grande, fueron construidos cuando teníamos gobiernos de facto, que fueron dictaduras que sojuzgaron a ambos pueblos, conculcaron libertades y fueron contumaces violadoras de los derechos humanos, pero que también es verdad que hicieron cosas positivas, como algunas de las grandes obras de las que hoy los pueblos continúan beneficiándose.
Es así que los puentes internacionales no fueron construidos por un Perón, ni por un Kirchner, un Vázquez o un Mujica, sino que se hicieron durante regímenes de facto, los que por supuesto se ocuparon de dejar estampadas en plaquetas las fechas recordatorias y quien estaba en el ejercicio del gobierno en oportunidad de la inauguración.
También lo había hecho por ejemplo el General Latorre en nuestro país, con la reforma vareliana, de la misma forma que Gabriel Terra con la represa del río Negro, y a nadie se le ha ocurrido cuestionar que se sentaron bases para el Uruguay moderno durante regímenes de facto, como incluso se ha enseñado durante décadas en las escuelas, porque flaco favor haríamos ocultando la verdad de la misma forma en que lo han hecho las tiranías en todo el mundo.
Con este concepto los rusos de la nueva etapa democrática –y el mundo entero-- deberían renegar de los avances de la carrera espacial durante la larga dictadura comunista soviética, y enseñar una nueva historia, a piacere de los nuevos gobernantes. Precisamente, al borrar los vestigios de los presidentes de facto en los puentes, se apunta a enseñar una nueva historia a las nuevas generaciones, donde por lo tanto lo que importa es la ideología y no el respeto a la verdad. Este “humilde y consciente aporte a la sociedad soñada” parece un engranaje secundario más en la vergonzosa campaña en que se encuentra el gobierno argentino, encabezado por Cristina Fernández, de controlar y manipular información a través de la extorsión a los medios de prensa, en lugar de apuntar a la “verdad, memoria y justicia” que el manifiesto populista esgrime.
Lamentablemente, en esta oportunidad los uruguayos somos cómplices de este movimiento que le ha valido la condena internacional al gobierno argentino, cuando aprobamos en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) acciones como ésta sólo por no hacer valer nuestra posición. Aunque ciertamente, en materia de relaciones internacionales con los países vecinos –y los alineados ideológicamente--, el gobierno uruguayo ya marcó su posición, por lo que no es de sorprender que sigamos haciendo lo que nos marcan desde afuera, aunque signifique arrasar con la historia.