Locales | 31 Dic Integrantes de la bancada de ediles del Frente Amplio subrayaron a EL TELEGRAFO que debe renunciar la plana mayor de la Dirección Municipal de Tránsito ante la negligencia que entienden puso de manifiesto en el caso de la sustracción de partes de motos incautadas, y a la vez consideran que esta situación ha desacreditado de tal forma a esta dependencia que ya no hay “autoridad moral” para seguir ejerciendo los controles de tránsito.
Enrique Malel, Patricia Volpe, Nelly De Agostini, Walter Duarte y Enrique Avellanal hicieron hincapié asimismo en que los controles de tránsito deben efectuarse igual, tal como se ha establecido en la ley nacional que rige esta problemática, y en cuyo cumplimiento se han incautado y seguirán incautándose vehículos que no cumplan con lo establecido en las normas. Pero advirtieron que existe una notoria pérdida de credibilidad por la forma en que se han dado los hechos, que si bien fueron expuestos en la reciente sesión de la Junta Departamental por el intendente Bertil Bentos, consideran que las explicaciones no fueron satisfactorias por cuanto no se actuó en tiempo y forma cuando se había comprobado, como consta en expedientes, sustracciones de partes que obligaron a resarcir a los damnificados por la Intendencia “con el dinero de todos”.
Cuestionaron asimismo que en la sesión de referencia el intendente y sus colaboradores solo hayan mencionado que hubo expedientes con estas denuncias de robos y pagos a los damnificados, pero sin enumerar cuántos fueron y sin dar otros datos. Reafirmaron que solo se hizo la denuncia cuando salió a luz el video de los robos en Internet y que ello justifica “la absoluta insatisfacción y el retiro de confianza frente a las omisiones del asesor de tránsito, Lucas Facello, del director de Tránsito, Haroldo Canoniero, y del encargado de la Dirección de Movilidad Urbana, Jorge Bartaburu en el cumplimiento de las funciones de depositario/custodio de las motos y ciclomotores incautados a los pobladores del departamento, que quedaran de manifiesto por el procesamiento sin prisión de cinco inspectores de dicha repartición”.
Señalaron que esto pudo ocurrir “por la ausencia de controles eficientes para evitar que los empleados, en horario de trabajo y en cumplimiento de su función, hurtaran partes de motos, desviando el recorrido normal del camión de la Intendencia sin ninguna vigilancia”, y que a la vez se ha “provocado un perjuicio económico a la Intendencia en la medida que ya se han abonado partes de motos faltantes a ciudadanos que lo han reclamado”, es decir utilizando dineros públicos.
Cuestionaron además, según dijo Malel, que “se pretenda hacer creer, como se dijo en sala, que el tema se termina acá y se resuelve con dejar a los cinco inspectores cesantes y dar cuenta a la Junta de lo que había pasado”, por cuanto “para nosotros no se termina el tema de esa manera y le retiramos la confianza a Canoniero, Facello y Bartaburu, porque no hubo la previsión para que no ocurrieran delitos de esta magnitud, que son absolutamente reprochables en cualquier ente público, donde los responsables tienen que responder políticamente ante la Junta”.
Reconocieron además que las motos se están incautando ya desde la Administración Pintos, por lo menos masivamente, y que también se estaban depositando en la Dirección de Servicios, por lo que desde este punto de vista los procedimientos no son una innovación en esta administración, aunque consideraron que ahora se ha actuado pasivamente y sin controles respecto a los bienes en custodia. También catalogaron como un “doble discurso” que integrantes de la administración nacionalista en la campaña electoral dijeran que se iban devolver las motos incautadas, pero que en el ejercicio del gobierno se haya actuado de una manera diferente.