Opinion | 07 Ene El presidente José Mujica ha recibido con notorio malestar la movilización de los funcionarios de la banca oficial, los que reclaman la vigencia de un convenio por el que los empleados de las dependencias del Estado van escalando de categoría y por ende subiendo sus sueldos en ancas del almanaque, es decir por antigüedad en el cargo, lo que es reivindicado como un acto de justicia por los integrantes del sector.
Las medidas de lucha del gremio de los bancarios incluye la no atención de los cajeros automáticos en los balnearios esteños, dejando sin posibilidad de retirar dinero a los usuarios –mayormente turistas--, entre otras acciones que podrían extenderse al resto del país, en el marco de la escalada del conflicto. El mandatario ha sido particularmente crítico de esta postura, que se decidió llevar adelante tras una asamblea con escasa participación y muy dividida, en la que los grupos radicales ganaron por poco margen y por lo tanto sin consensos imprescindibles a la hora de empujar hasta las últimas consecuencias.
Por supuesto, la mayor oposición y críticas respecto al reclamo proviene de la propia población así como de decenas de miles de trabajadores que seguramente no comparten reclamos de quienes en realidad están en la cima de la escala salarial en cuanto a remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo.
Lo sabe por supuesto Mujica, como así también el elenco de gobierno, y no extraña por lo tanto la resistencia a ceder concesiones a los reclamantes, lo que debe ser visto como una señal a los sindicatos pero también para amplios sectores de la población que no están ni cerca de gozar de estas condiciones en su carácter de empleados, y ni qué decir de otras decenas de miles de trabajadores cuentapropistas, e independientes, del área privada, que luchan a diario en incertidumbre por su sustento.
En su audición radial, el mandatario ha aludido a este conflicto y sus causas, y formulado reflexiones que seguramente comparte la enorme mayoría de los uruguayos, en cuanto a promover equidad entre los trabajadores, empezando por los propios estatales, donde hay diversidad de situaciones, y a su vez entre éstos y los privados.
Aludió el presidente al ascenso anual en el sector bancario oficial a “la escalera del burro”, la que pretende descartar los ascensos mediante méritos expuestos en concurso. Esto choca con las reivindicaciones de los gremios, lo que explica la furiosa rebeldía en el ámbito bancario estatal.
Muchas cosas han cambiado en pocos años, sobre todo la visión que había en la izquierda cuando era oposición y la que tiene ahora que está del otro lado del mostrador, debido a las responsabilidades inherentes al ejercicio del gobierno. Ello explica la “desolidarización” con los sindicatos con los que se alió para llegar al poder, porque en representación de la ciudadanía y del interés general se entiende que los reclamos están en las antípodas de la justicia y la solidaridad que tanto se han proclamado como argumento para encolumnar a los demás sindicatos y sectores sociales detrás de reclamos que solo apuntan a satisfacer intereses sectoriales.
Mujica ha asumido como meta –por lo menos lo reafirma una y otra vez en sus enunciados-- terminar con las anomalías e iniquidades en el área de los funcionarios públicos, pero mucho nos tenemos que ha levantado tarde la bandera de la lucha contra las corporaciones que son dueñas del Estado, que lo han “privatizado” en su favor –como lo señalara en su momento el ex vicepresidente Rodolfo Nin novoa—y tienen presos de compromisos a gran parte del elenco de gobierno.
No es porque sí que el ex presidente Tabaré Vázquez renunció a la “madre de todas las reformas” que iba a encarar en el Estado, y que hasta ahora Mujica solo hable de reformas y lance ideas sobre lo que se debería hacer, pero pasa luego a la negociación tras negociación postergando las decisiones, para procesar diferencias en el seno del propio partido de gobierno, hasta que la iniciativa inicial se diluye y queda en fojas cero o llevada a su mínima expresión.
O como sucede generalmente, se va un poco “más hacia la izquierda”, puesto que como negociar significa ceder cada parte un poco, cuando los radicales plantean un reclamo y fuerzan la negociación con medidas extremas --y sobredimensionadas--, la otra parte se ve obligada a “dar algo” a cambio de que el sindicato haga lo propio. Esto es, los sindicatos plantean una reivindicación extrema y absurda con prepotencia para terminar “aceptando como gesto de buena voluntad” algo menor, pero que no les corresponde, y sin embargo todos quedan contentos por el éxito de la negociación.
Lamentablemente, si no se hace lo que se debe hacer en la primera mitad del período de gobierno, que ya se está cerca de cumplir, mucho menos se hará en la segunda, cuando se acerca la contienda electoral, porque los costos políticos de la conflictividad resultarán imposibles de llevar por un gobierno de izquierda, nada menos que contra sus aliados de siempre.
Pero la ciudadanía debería estar primero, y recibir certezas de que por encima de las presiones corporativas se antepone el interés general y que se está dispuesto a sumir los costos por hacer lo que se debería hacer, en toda circunstancia, y sobre todo en el ejercicio del gobierno.