Opinion | 06 Ene Nuevamente se ha cerrado un año en el que la inflación superó holgadamente la meta prefijada por el Banco Central del Uruguay para el período, desde que en esta oportunidad el Índice de Precios al Consumo (IPC) tuvo un alza del 8,6 por ciento, cuando la entidad rectora en materia monetaria lo había situado en una franja de entre el 4 y el 6 por ciento.
Este es el cuarto año consecutivo en que se han incumplido las metas preestablecidas, lo que se va constituyendo en un elemento negativo crónico, por cuanto se corre el riesgo –ya vigente-- de que los operadores económicos desestimen de antemano lo que augure el Banco Central y adopten previsiones independientes.
Precisamente uno de los valores a preservar en el campo económico es la confiabilidad, por cuanto las expectativas juegan un rol fundamental y es así que los parámetros se disparan y se realimentan cuando no se cumple con lo que se anuncia, por más que se trate de datos indicadores y no realmente de pronósticos.
En este contexto, en diciembre último marcó una suba del IPC del orden del 0,70 por ciento, que fue la mayor para este mes desde 2008, en un marco de 2011 que se caracterizó por haber primado elementos distorsionantes en el campo de la inflación, algunos de los cuales son manejables por el gobierno y otros refieren a contextos internacionales que influyen en lo interno, como es el caso de los valores de las materias primas y los altibajos del dólar, sin olvidar el marco de incertidumbre por la crisis europea.
Pero cuando hay condiciones internas que sí son manejables, las expectativas se centran en generar escenarios que permitan acomodar los zapallos en el carro, desde que una inflación alta siempre es un factor de perjuicio para los sectores de menores ingresos y la economía en general. Es que la inflación tiende a realimentarse y las expectativas negativas influyen en esta ecuación subjetiva, donde el efecto de “cubrirse” por demás ante eventuales subas genera reacciones en cadena que resulta luego muy difícil de contener.
De acuerdo a la evaluación del economista Aldo Lema, de Vixion Consultores, “la elevada inflación de 2011 fue el resultado de las inconsistencias de política y de los conflictos de objetivos. Las condiciones monetarias fueron excesivamente expansivas, la política fiscal insuficientemente restrictiva, las señales salariales muy agresivas y la política cambiaria tuvo implícita medidas inconsistentes para el dólar. Mucho de eso viene desde 2010 y una parte importante se mantendrá este año”, según dijo a El País.
Y si bien ya integrantes del equipo económico han señalado que en 2012 se pondrá énfasis en el combate de la inflación, no es menos cierto que entre los instrumentos de que se dispone para combatirlo está todavía ausente el más importante de todos, que es el de la moderación en el gasto público, disparado ya desde hace varios años, al punto que se ha ido en sostenido aumento, incluso por encima del incremento en la recaudación.
El gasto público exacerbado, la mayor inflación consecuente al detraerse recursos adicionales de los sectores productivos y encarecimiento de costos por inflación, ha sido realimentado por incrementos salariales por “recuperación” que exorbitan con creces el IPC del período, lo que significa echar leña a la hoguera de la inflación, sobre todo cuando estas mejoras comprenden al sector de funcionarios estatales, que incorpora un gasto rígido que podría afrontarse en bonanza pero que será un ancla de perdición cuando reaparezcan las vacas flacas. Quiere decir que es preciso poner un freno a esta carrera de precios, costos y salarios mientras estemos a tiempo, aunque de por medio esté la adopción de medidas impopulares, como constreñir las mejoras salariales a las reales posibilidades del país, tanto del Estado como de los privados, abatir los costos de la energía, de los impuestos y servicios, para empezar, de forma de establecer un marco de contención y generar la sustentabilidad que está en tela de juicio por la tentación de seguir “jugando para la tribuna” en lugar de asegurar el partido.