Paysandú, Martes 10 de Enero de 2012
Rurales | 09 Ene Cuando los senadores comenzaban la semana pasada la discusión de la ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), el senador colorado Pedro Bordaberry aclaró que, según lo establecido por el reglamento de la cámara, el proyecto que se estaba discutiendo lo afectaría directamente, al ser propietario del 20% de un campo de una sociedad agropecuaria de 2.200 hectáreas, y que por tanto estará comprendido en las tierras que tributarán ICIR, que son los que superan las 2.000 hectáreas. Para el ex ministro de Ganadería, Ernesto Agazzi, las hectáreas declaradas por los legisladores justifica la implementación del impuesto.
Tras la intervención de Bordaberry, informó La Diaria, otros diez senadores también aclararon que son propietarios de inmuebles rurales. Entre ellos estaban el frenteamplista Rodolfo Nin Novoa, los nacionalistas Luis Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga, Sergio Abreu, Jorge Saravia, Luis Alberto Heber, Juan Chiruchi y Eber da Rosa y el colorado Tabaré Viera. La frenteamplista Lucía Topolansky mencionó que es propietaria de un predio de 14,5 hectáreas y que tiene el 50% de otro campo de nueve hectáreas.
Solamente Bordaberry pagará el ICIR, pero los diez restantes están comprendidos por la segunda sección de la ley, que establece que cuando un inmueble rural adquirido antes de julio de 2007 se vende, el contribuyente deberá pagar un tributo que se calcula a partir de la diferencia entre el precio de la transacción del inmueble y el valor que tenía en 2007.
Según el senador y ex ministro de Ganadería, Ernesto Agazzi, el hecho de que tantos senadores posean tierras demuestra que “tienen la plata en un banco que se llama tierra, que demuestra muy bien cómo funciona la lógica de acumular. Comprar tierras en Uruguay es una forma de acumular renta, es más seguro que un banco, y encima algo le vas sacando”. “Es demostrativo del rol que cumple la tierra en la sociedad, esto no pasa en parlamentos europeos, porque allá hay otras formas de atesorar rentas”, opinó Agazzi en un informe que reproduce Conexión Agropecuaria. Agregó que “la tierra ha cumplido el rol de acumular renta, que es independiente del rol productivo que debería cumplir. Una parte de la tierra está siendo depósito de acumulación y no utilización productiva de un recurso, esa es la diferencia con los países desarrollados”. Agazzi reconoció que la discusión que se dio en el Senado demuestra la necesidad de aplicar esta herramienta impositiva.
Por regiones
El pasado jueves fue promulgada la ley que crea el ICIR, que comenzará a aplicarse desde este mes. En principio se pensó que lo recaudado cada año por el ICIR sería distribuido por el gobierno entre cada una de las intendencias. Pero en la última reunión con el Congreso de Intendentes, el presidente José Mujica planteó una variante que fue bien recibida por los jefes departamentales. El mandatario propuso que en vez de repartir el dinero entre las 19 intendencias, éstas se agrupen en regiones y trabajen de forma conjunta para distribuir el impuesto por zonas.
El objetivo es maximizar los recursos coordinando las obras entre dos, tres o cuatro departamentos, en el entendido que comparten buena parte de la caminería rural que necesitan reparar. La idea, según informó a El Observador el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, es que los departamentos agrupados en una región formen entre sí “una empresa vial” para realizar las obras, o que se asocien con un privado a través de la nueva ley de participación público privada (PPP). “La idea del presidente es hacer regiones con tres o cuatro intendencias. Con los 60 millones de dólares de recaudación al año hacer un fideicomiso y distribuirlo entre las regiones. Después las intendencias con eso haríamos una gran empresa vial en común para hacer toda la caminería rural de los departamentos agrupados”, señaló Lafluf.
El gobierno creará un fideicomiso de unos 400 millones de dólares, que calcula necesario para responder a las exigencias productivas del país en la caminería rural profunda. Con la recaudación anual del impuesto se pagará el fideicomiso en un período seguramente superior al que demandarán las obras. “La idea de Mujica es que la recaudación de 60 millones de dólares por año, en ocho años pague el fideicomiso de 400 millones de dólares”, explicó el intendente.
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