Opinion | 08 Ene En las últimas horas el intendente de Salto, Germán Coutinho, anunció que habrá de elevar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) un reclamo, tras un acuerdo con su equipo técnico, en el sentido de que el ajuste en la Patente Única (Suceve) de 526 vehículos de su departamento no resulta en el valor que debería tener.
Ergo, en acuerdo con su director de Hacienda, decidió bloquear el cobro de las respectivas patentes a estos vehículos hasta que se dilucide un mecanismo adecuado de cobro de estos tributos. Según lo manifestado al diario El País, “habíamos coincidido que el Sucive iba a nacer con algunos inconvenientes, que iban a surgir errores y que la mejor decisión es no salir a cobrarlo sin tener una solución final”, y consideró que “más vale frenar, analizar por treinta días y tener menos errores de lo previsto. Esa es la decisión a partir del lunes, cuando se empiece a cobrar”.
Y tiene razón el jerarca salteño, puesto que mirando con detenimiento la tabla de cobro de patentes del Congreso de Intendentes se pueden encontrar infinidad de desprolijidades, con vehículos baratos que pagan mucho, así como otros caros que pagan menos; o generalizaciones que hacen que dos o tres modelos de una misma marca paguen lo mismo aunque el más barato cueste la mitad que el más caro de ellos.
Lamentablemente, el proceso inherente a la “guerra de las patentes”, con marchas y contramarchas al cabo de muchos años, hizo que durante décadas creciera el descreimiento. En el afán de superar el entredicho, durante el cual se sucedían los “robos” de patentes entre departamentos, con precios remate que apuntaban a captar chapas como fuera, es claro que esta solución se tomó un tanto a la apurada.
Estos errores puestos de manifiesto por Coutinho son a la vez un acto de injusticia para muchos propietarios de vehículos que se han desvalorizado, y que sin embargo para las intendencias valen más que un cero kilómetro, al fin de cuentas, por lo que urge corregira este como tantos otros desfasajes que han surgido de un modo muy “a la uruguaya” de solucionar un tributo que es en realidad una forma de Impuesto al Patrimonio, y no una tasa en el sentido de que pague el que más rompe la vialidad urbana, por citar una de las aristas controvertidas del tema.