Opinion | 10 Ene Robos, vandalismo, impunidad, son elementos que están íntimamente ligados entre sí y que pueden resumirse además como una expresión de la inseguridad galopante que afecta a los sanduceros, la que también se manifiesta en los arrebatos, agresiones, pedreas, que en forma corriente azotan a nuestra sociedad y que hasta ahora, a la luz de los hechos, no han tenido condignas respuestas de los organismos del Estado que tienen competencia en esta área.
El último caso que nos ha conmocionado refiere al robo de la pistola de Lavalleja y la colección de monedas que estaban expuestas en el Museo Histórico Municipal, tratándose de piezas únicas, invaluables, que trascienden el aspecto monetario y por lo tanto pueden catalogarse como irrecuperables.
Los mismos –no necesariamente las mismas personas, naturalmente—que robaron de su pedestal el Monumento a la Madre de la zona de avenida Debali y que destrozaron el busto al general José Artigas en plaza Acuña de Figueroa, solo por recordar algunos hechos recientes.
A ellos debemos agregar los robos y destrozos de elementos irreemplazables del propio Monumento a Perpetuidad, nada menos, como así también del ornato público, de nuestras plazas, veredas, costanera, espacios verdes, que son dañados o sustraídos en ancas de una impunidad casi absoluta, porque no solo la mayoría de las veces nadie ve ni hace nada, sino que la tarea policial, que es dificultosa, no ha arrojado resultados positivos en la gran mayoría de los casos y cuando se identifica a los autores, pocas veces se les hace reparar o pagar por el año que infligen.
En el caso de la inseguridad, lo que se conoce públicamente es apenas la punta del iceberg puesto que la Policía no incluye en sus partes de prensa este tipo de delitos. Es así que por ejemplo todos los días se sucede el desvalijamiento de viviendas de las que sus moradores se han ausentado aún momentáneamente, mediante roturas de puertas y ventanas para ingresar y sustraer objetos de todo tipo, a lo que se agrega la cuota de robo de motos –más de dos por día, según datos oficiales-- y su desguace por bandas que medran en este rubro.
La realidad indica que hay insuficiente vigilancia policial y patrullajes respecto a las necesidades de una ciudad como Paysandú y aún de localidades del interior departamental, y que esta limitación no obra como factor disuasivo para esta ola de delincuencia. Tampoco el marco legal existente ni la actuación de algunos representantes del Poder Judicial están a tono con el desafío que plantea este flagelo que se ha acentuado en los últimos años, sobre todo con la participación de menores de edad que son especialmente contemplados por el código aún en los casos en que han puesto de relieve ferocidad y saña en sus crímenes.
Ante este escenario, los organismos públicos como la Intendencia y otras dependencias del Estado, además de las empresas y las familias en sus propios hogares, deberían tener incorporado ya a esta altura el presupuesto adicional de una seguridad privada --en muchos casos ya lo tienen, por cierto-- debido al déficit manifiesto del Estado en cumplir con sus responsabilidades.
En muchos hogares y comercios se afecta desde hace tiempo recursos específicos para instalación de rejas, portones, candados, alarmas, etcétera. Debe asumirse de una buena vez que determinados organismos, como ha quedado expuesto para la Intendencia en este como en otros casos puntuales —recuérdese el robo de los restos de Leandro Gómez, la sustracción de cien mil pesos en la pasada administración en la Dirección de Promoción Social, entre otros-- y empresas no tienen otra alternativa que incorporar seguridad adicional como turnos de vigilancia, serenos, cámaras de seguridad y sistemas de respuesta, porque no es posible tener bienes y hasta piezas irreemplazables sin el recaudo correspondiente.
La triste realidad es que la falta de seguridad nos está maniatando, condiciona nuestro estilo de vida, corroe las entrañas de nuestra sociedad y ante las circunstancias deben incluirse medidas que pueda darse cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, entre los costos corrientes, como el pago de las facturas de los servicios públicos, para no perder en un abrir y cerrar de ojos lo que en muchos casos lo que ha llevado toda una vida reunir a costa de trabajo y privaciones. Pero como sociedad también debemos acostumbrarnos a seguir perdiendo no sólo tranquilidad, sino también valores materiales y patrimonio personal y público, porque no existe sistema tan seguro que la delincuencia, que tiene todo el tiempo para pensar su próxima hazaña, no pueda vulnerar.