Opinion | 15 Ene La información proporcionada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indica que desde el 20 de diciembre de 2011 la Inspección General del Trabajo está desarrollando los operativos de verano, que incluyen el control de empresas y obras de construcción, como se hace en cada temporada veraniega. En este caso los operativos se han desarrollado en Maldonado, Rocha, San José, Colonia y Río Negro, es decir más allá de la habitual área de los balnearios esteños.
Esta dependencia da cuenta en su informe que las 208 actuaciones comprenden un millar de trabajadores, de los cuales un 60 por ciento son mujeres, tratándose de los que desempeñan tareas en restaurantes, bares y afines, hoteles, supermercados, inmobiliarias, casas de cambio, farmacias, carnicerías, heladerías y panaderías, entre otras actividades que naturalmente se multiplican en el verano para la atención turística y otras solo abren para la temporada, por lo que presentan mayores dificultades a la hora de establecer los controles del caso.
En esta oportunidad la actuación de los inspectores arrojó que cerca del 40 por ciento de las inspecciones permitieron determinar algún tipo de irregularidad, incluyendo una buena parte en que las anomalías detectadas revestían gravedad, aunque el ministerio aclaró que en este caso la cifra es resultado de estos operativos específicos y no constituye una muestra representativa de los departamentos relevados.
La gama de irregularidades constatadas dio también lugar a sanciones diversas, que en algunos casos, cuando se trata de omisiones graves en materia de seguridad, higiene y condiciones ambientales de trabajo, resultó en clausuras, en tanto otras aparejaron sanciones, multas e intimaciones.
Y si bien los datos procesados se sitúan en esos departamentos específicos en la temporada veraniega, no es menos cierto que en mayor o menor medida durante todo el año en el área de trabajo hay amplios porcentajes de informalismo, total o parcial, que se acentúa en algunas actividades y que es un factor indeseable en toda economía para acercarse al ideal de que todos los emprendimientos se enmarquen en las normas vigentes, tanto en lo impositivo como en las cargas sociales y el respeto a las condiciones de trabajo establecidas por ley.
Ocurre que hay una serie de aspectos que contribuyen a que no estemos todavía ni cerca de la situación ideal, porque tienen que ver con la relación costo-beneficio por evadir, por ejemplo, en lo que incide el celo de los organismos de control a través de las inspecciones y la aplicación de las sanciones del caso, así como lo gravoso de la imposición.
Debe tenerse presente que el trabajador que no está registrado o tiene solo registros parciales de sus remuneraciones y condiciones de trabajo, también queda desprotegido a la hora del cobro de beneficios y sobre todo en los aportes al Banco de Previsión Social a efectos de registrar ingresos que luego le servirán para el monto de la prestación cuando se acoja a los beneficios jubilatorios, por citar un ejemplo notorio.
A la vez, como ocurre también en la evasión a la Dirección General Impositiva, quien evade está “haciendo una zancadilla” a sus competidores que sí hacen frente a sus obligaciones y que por lo tanto tienen un costo mayor que los que trabajan total o parcialmente en negro, por lo que al no controlarse y menos aún sancionarse a los omisos se los está premiando en los hechos con una mayor presencia en el mercado y desestímulo a los que actúan dentro de la ley.
Más aún, como regla general, los que pagan los impuestos y están registrados son los más visitados por los inspectores, lo que favorece a la vez a los sectores informales, que no solo evaden sino que recargan indirectamente a los legales que deben aportar por ellos y por los que no lo hacen, en el colmo de la injusticia y la sinrrazón, si es que realmente se quiere sincerar y hacer algo positivo por la sustentabilidad de la economía de un país.
Por lo tanto, corresponde acentuar los controles al mismo tiempo que extender las inspecciones a todos los sectores, para avanzar hacia la formalización de todo el esquema productivo y del trabajo del país, lo que permitirá no solo mejorar la recaudación y la cobertura de la población en actividad y pasivos, sino también reducir la carga sobre los que son catalogados como “los nabos de siempre” que cumplen con sus obligaciones en toda circunstancia, aun comprometiendo la viabilidad de sus emprendimientos en muchos casos.