Locales | 18 Ene La norma que pone fin a la Guerra de las Patentes es marcadamente inconstitucional y en algunos aspectos significa una extorsión para las intendencias, destacó a EL TELEGRAFO el edil colorado Martín Flores, de la Lista 10 del Partido Colorado, al justificar su voto negativo a la anuencia en la Junta Departamental.
“Estábamos de acuerdo con el concepto que se ha manejado tanto por legisladores blancos como colorados en ambas cámaras respecto a que el proyecto de ley era inconstitucional por varios aspectos”, sostuvo.
Amplió que “en primer lugar porque le quitó la potestad tributaria al intendente, que es indelegable por la Constitución, de acuerdo al artículo 297 numeral 6º, y más allá de que acá se diga que con la anuencia de la Junta quedaría subsanada esa inconstitucionalidad, es un error porque no es el intendente el que está pidiendo iniciativa en este nuevo sistema de cobro de patentes”.
Por otro lado “consideramos que hay otra inconstitucionalidad, que es el hecho de que los intendentes que no suscriban este nuevo convenio de patentes únicamente van a poder acceder a los seis décimos del monto que les corresponde por las partidas mencionadas en el artículo 214 de la Constitución. Esa es una inconstitucionalidad grosera, porque no se le puede imponer extorsionando --que es además un delito de carácter legislativo, como lo han dicho varios profesores de derecho constitucional, entre ellos Durán Martínez-- que para poder recibir las partidas en su totalidad tengan que suscribir esta nueva ley de patentes”.
Indicó que “es ridículo que se tengan que adherir por quince años los intendentes, porque perfectamente este gobierno, como ya han hecho algunos gobiernos departamentales como el de Flores, o los próximos, pueden declarar que hubo una lesión de autonomía y quedar fuera del sistema nuevo de patentes”.
“Además entendemos que hay muchas patentes erróneas en montos, al punto que el mismo modelo de auto paga más en el año corresponde al 2004 al 2007 que un modelo del 2008 al 2011, y un ejemplo muy común es el Hyundai Accent, que se repite en una gran cantidad de modelos que van del período 2001 -2004 y 2004 -2007, que pagan más que los del 2008 al 2011, lo que se repite en uno de cada tres modelos”.
“Estamos diciendo que este proyecto a quien más le pega es a la clase media, porque los autos del 2008 al 2011 terminan pagando menos que los autos viejos”, acotó Flores, para indicar que “en los cero kilómetro, si bien no salió la base de cálculos, va ser mucho menos todavía, por lo que se está afectando una vez más a la clase media”.
“Además, se quiere enganchar con un sistema para que se pague el alumbrado público por las intendencias que tienen deudas. Para poder pagarlo se tienen que suscribir a esto, y es así que la Intendencia de Paysandú para poder cumplirlo tiene que pagar más de 120 años, suscripta al convenio, por lo que sin dudas no es una buena solución”, explicó, a la vez de destacar que “por esta norma se pretende salvar intendencias que están fundidas, como son Canelones y Montevideo”.
“Los intendentes han sido extorsionados, porque se les dice que si no se avienen a esto, de lo que le corresponde constitucionalmente se le va a dar solo seis décimos y el resto se le va a dar a las otras intendencias. Paysandú si no se adhiriera perdería 7 millones de dólares por año, por lo que no hay opción y hay una extorsión muy clara, con una solución legal para un tema que claramente solo tiene una solución constitucional”, manifestó.