Opinion | 14 Ene A propósito del sonado episodio del robo en el Museo Histórico Municipal, pero también de otros insucesos que se han registrado en nuestro departamento y en otros puntos del país casi en forma simultánea, se nos ocurren algunas preguntas y reflexiones que en realidad pretenden ser aportes, porque con un poco de sentido común estas interrogantes prácticamente se responden solas. Tenemos así que el principal protagonista en el robo mencionado, por lo menos como brazo ejecutor es el “Zapallito”, un delincuente de relativa monta, es cierto, pero que tiene nada menos que catorce procesamientos en su haber, como consecuencia de sus tropelías en cuatro departamentos, pese a su corta edad. Pero el escenario de sus andadas más recientes es Paysandú, donde fue procesado cuatro veces, la última de las cuales en setiembre, razón por la que permaneció en la cárcel hasta diciembre último, cuando quedó en libertad y a los pocos días ya se “enganchó” en el raíd delictivo contra el Museo Histórico de los sanduceros.
Ahora, la pregunta que se formula por sí sola es cómo es posible que un delincuente de estas características –como tantos otros-- con catorce entradas en la cárcel, puede ya dedicarse nuevamente a atentar contra la comunidad tras haber estado preso solo algunos días, con ese prontuario y las reincidencias consecutivas. ¿Es que en cada una de estas veces se pensaba que estaba redimido y que se iba a integrar a la sociedad para trabajar en favor de la comunidad? ¿O acaso se considera que la sociedad debe tolerar infinitamente a delincuentes como éste, solo porque los delitos son considerados “menores” por la Justicia? Está claro que para la víctima, el que le destrocen un auto o la casa para robar, o que le lleven sus pertenencias y se les rían en la cara –como suelen hacerle a las señoras que despojan de sus carteras en la vía pública--, no son cosa “menores”.
La pregunta también se traslada a la situación de su compinche, que tiene “solo” siete procesamientos –por supuesto que desde que cumplió la mayoría de edad, puesto que su prontuario como menor fue eliminado en ese instante--, y que seguramente desde su última liberación solo se ha dedicado a continuar su ruta delictiva, es decir con la comunidad como coto de caza.
Quiere decir que estamos ante un panorama más que alarmante para el ciudadano común, desde que hasta ahora solo se ha manifestado preocupación en la fuerza de gobierno por los derechos humanos de los delincuentes, a los que se ofrece una y mil oportunidades para reincidir en la mosqueta de entrar y salir de la cárcel tras cumplir penas ultra benignas y sin signos, no ya garantías, por supuesto, de que esta vez se transitará la ruta del trabajo y la dignificación de la persona.
Pero además, ya en lo que refiere a los robos, vandalismo y saqueos de bienes públicos, incluyendo elementos del patrimonio histórico, ¿vamos a tener que terminar con todos los monumentos, piezas históricas y hasta papeleras trasladados a las veredas de Jefatura de Policía y de las seccionales, como se hizo con el repuesto Monumento a la Madre, para que no terminen destrozados o en manos de los antisociales?
¿Hasta cuándo la sociedad seguirá inerme ante el reino de una delincuencia ensoberbecida, que se ha hecho dueña de barrios enteros en muchos casos, en donde la Policía no entra de día ni de noche, porque sus vehículos y personal son apedreados sistemáticamente y se forman alianzas entre menores, delincuentes mayores de edad y familias enteras que medran en el delito y tienen al resto de la vecindad amenazada y maniatada?
¿Hasta cuándo seguiremos asistiendo a casos como el del menor en Salto, que arrojó un cóctel Molotov contra una precaria vivienda de esa ciudad y causó la muerte en el incendio de una madre y su hijo? ¿Hasta cuándo seguiremos asistiendo atónitos y impotentes a fallos de este tipo, en el que la jueza dispuso la internación por noventa días del menor en una dependencia del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), para que transcurra sus “vacaciones de verano” y luego salga a perfeccionarse en su trayectoria de delincuente?
¿Cuánto más se va a esperar para construir y habilitar de una buena vez el Instituto de Rehabilitación del Menor, aunque más no sea para contener realmente a infanto juveniles que son feroces delincuentes y que hasta ahora salen una y otra vez para cometer robos, arrebatos copamientos, violaciones y homicidios?
¿Cuándo realmente va a actuar el gobierno, el principal responsable, y el sistema político, para que no tengamos esta amenaza permanente?
La sensación de inseguridad no se da sólo por los hechos más violentos de la crónica roja. Por el contrario, lo que más preocupa a la sociedad es su impotencia frente a la agresión de la delincuencia. Hemos llegado al extremo que los malvivientes actúan a cara descubierta sin temor a ser descubiertos, al punto que llegan a robarle la cartera desde la falda a una señora que se encuentra dentro de una pizzería o restaurante céntrico. Casos como éste no son la excepción en Paysandú ni mucho menos Montevideo, y es así que en la capital es común que los mozos ofrezcan a las señoras atar su bolso a la silla con un precinto plástico, como medida de precaución.
Es obvio que mientras la Justicia siga siendo tan suave con quienes atentan así contra la sociedad, las cosas sólo pueden empeorar. De nada sirve decir que “las cárceles están repletas”, porque lo que el Estado hace es fomentar la delincuencia con penas tan benignas. Los delincuentes saben que pueden hacer lo que quieran, porque si son atrapados –y encarcelados llegado el extremo— a lo sumo deberán pasar unos meses tras las rejas o hasta con salidas transitorias. Para ellos el “estigma social” de los antecedentes penales no existe, así que estar por fuera de la ley, es buena cosa.