Nacionales | 14 Ene Diferencias
La legisladora Ana Lía Piñeyrúa, integrante del sector Concordia Nacional, sigue marcando diferencias con el estilo del senador Jorge Larrañaga en cuanto a mantener reuniones mano a mano con el presidente José Mujica para considerar en forma bilateral una agenda de temas políticos, como ocurriera recientemente con la “mateada” entre ambos en la chacra presidencial de Rincón del Cerro.
Según indica La República, la dirigente continúa cuestionando este encuentro y considera que “los avances en diálogo educativo y propuestas tampoco pueden ser fruto de iniciativas individuales o sectoriales sino de todo el Partido Nacional”, y a su entender “nadie niega la importancia central de la educación, pero hay un contexto político generado por el presidente que debió ser analizado por el Partido Nacional. En ese contexto generado por el presidente no hay lugar para actitudes individuales, dar pasos hacia el diálogo debe ser decisión del Partido Nacional”.
Para la legisladora, “si el presidente Mujica amenaza a la oposición porque opina sobre inseguridad es un hecho grave” y por lo tanto “la discusión en el Directorio del Partido Nacional no es un tema formal, es de fondo”.
¿Cumplirán?
La dirigente de Concordia Nacional también pregunta si “¿los sindicatos y las autoridades educativas cumplirán con lo acordado? ¿O resistirán como han hecho con el ProMejora? Queremos saber”.
Además, aludió a que debido a medidas sindicales “las clases empezarán en abril. Siguen bombardeando a la opinión pública”, por lo que para continuar el diálogo educativo “es imprescindible pedir garantías de cumplimiento de eventuales acuerdos. Si no hay garantía de cumplimiento de acuerdos educativos, las reuniones solo servirán para que quienes asisten aparezcan en televisión”.
Al Parlamento
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, fue convocado a la Comisión Permanente del Parlamento para que dé explicaciones sobre los trámites de adopción en general y la situación particular del caso de la niña de Canelones, y para que fije posición en torno al proyecto de enmienda de la ley de adopciones aprobada en 2009. El País informa que esta convocatoria es propiciada por los partidos Nacional y Colorado, más precisamente por la diputada nacionalista Verónica Alonso y el senador colorado Alfredo Solari, quienes además de Olesker solicitaron la concurrencia de todo el directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).
“Solari cuestionó que la aplicación de la nueva norma haya frenado aún más el ya lento proceso de adopciones, haciéndolo menos útil para los intereses de la niñez a ser adoptada”, señala el matutino, para agregar que “como prueba de esto se recordó que en 2010, durante el primer año de vigencia de la ley, se aprobaron 24 adopciones, mientras que en 2009, sin estar vigente, 67 niños fueron entregados a familias adoptivas. Solari reprochó que a tres meses de haber entregado un proyecto con las reformas a la norma, la bancada del Frente Amplio no se ha expedido sobre el asunto”.
Acortar plazos
Por su parte, la diputada Alonso hace hincapié en la necesidad de acortar los plazos, al reflexionar que “la iniciativa fija claramente y acorta los plazos de decisión de los jueces que actúan en un primer abordaje con la finalidad de acotar el tiempo de internación de los niños en el INAU”.
“Tenemos que evitar la institucionalización de los niños. Para eso tenemos que acortar los plazos; lo que hay detrás de un expediente que llega a manos de un juez es quizás un bebé de un mes de vida, y para ese bebé tres meses es muchísimo tiempo”, consideró. Agregó que otro de los cambios propuestos “es que en el caso de que el juez no se pronuncie en el tiempo establecido, ese silencio significa una respuesta: implica una sentencia ficta, siendo favorable a la propuesta del INAU”.
Pulseada ideológica
Para el representante colorado en el directorio del Banco de la República, Fernando Scrigna, el conflicto bancario está llegando a un nivel que indica indiscutiblemente que se está ante enfrentamientos ideológicos dentro de la propia izquierda.
Manifestó a El País que este conflicto “se parece cada vez más a una mera pulseada entre las familias ideológicas de la izquierda” y “lo lamentable es que mientras se resuelve, la opinión pública sigue privada de los servicios financieros más elementales”. Insistió en que el grueso de los funcionarios “sigue en la incertidumbre de no saber cuándo y cómo terminará este diferendo, que ha quedado al garete entre el capricho, la soberbia y la irresponsabilidad”.