Nacionales | 18 Ene Reglas de juego similares
El diputado nacionalista Pablo Abdala apunta a establecer reglas de juego similares entre los trabajadores estatales y los privados para la negociación salarial, a efectos de cuya concreción ha presentado un proyecto de ley que propone una serie de elementos que entiende permitirían crear un ámbito de este tipo.
Según indica El País, Abdala presentó “un proyecto de ley para que la negociación colectiva tenga la mismas características en el régimen público y privado. Uno de los puntos salientes del proyecto es la aplicación de la ultractividad de los convenios. Se trata de un concepto jurídico sobre la cesación de acuerdos en la fecha en que vencen, de modo que mientras se está negociando mantiene validez lo acordado. La fórmula se aplica en el sistema privado y no en el público”.
Explica el matutino que en la última negociación entre AEBU y el gobierno previa al acuerdo alcanzado el viernes 13, el abogado Homero Guerrero --hombre de confianza del presidente Mujica-- advirtió que no aplicaría la ultractividad. Abdala es partidario de aplicar la misma legislación para públicos y privados en la medida que no surgen leyes o decretos contradictorios.
El legislador señaló que las ocupaciones son un elemento que choca a la vista: es posible ocupar empresas e industrias privadas pero no se puede hacer lo mismo en organismos del Estado. “Es insostenible que una administración le imponga condiciones a trabajadores y empresarios de la actividad privada que no está dispuesta a reconocer a los funcionarios públicos cuando actúa como empleador”, dijo Abdala.
Con bancarios estatales
El gobierno y los dirigentes de Banca Oficial de AEBU acordaron una agenda de reuniones con el objetivo de llegar a un convenio colectivo de trabajo antes del 27 de febrero, por lo que el ámbito de negociación se volverá a reunir este jueves 19, es decir la misma fecha que el consejo del sector había elegido para marchar sobre Punta del Este con el apoyo de COFE y varios sindicatos policiales.
Da cuenta El País que los temas que el gobierno tiene interés en llevar a la mesa de negociación refieren a “analizar el horario de labor de los bancos estatales, que en la actualidad es de seis horas y media y quieren rever la aplicación de facilidades que hacen a la libertad sindical. Por otro lado, los delegados oficiales tienen en la agenda el tema de la escala de corrimiento salarial (conocida como la ‘escala del burro’ o GEPU), que fue el punto que desató el conflicto”.
“Por su parte, los bancarios quieren discutir sobre el pasaje a contrato de función pública de nueve trabajadores del sistema ‘3 por 1’ junto con la presupuestación de veinte trabajadores del fondo de recuperación del sistema bancario. Además, buscarán respuestas para el sistema de ascensos para concursos y el sistema de evaluación de desempeño y la equiparación de beneficios de salud entre bancos. Reclamarán salario vacacional y la prima por antigüedad”. Como se ve, todavía hay beneficios para reclamar por este sector, cuando seguramente todos creíamos que ya estaban incluidos todos los que se han pergeñado en los convenios acordados desde hace muchos años.
Uso político
El llamado a sala al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, no ha caído para nada bien en el Frente Amplio, cuyos legisladores entienden que se ha tratado de una convocatoria de carácter netamente político, en procura de obtener réditos por la oposición para las próximas instancias electorales.
La República recoge expresiones del senador Luis Rosadilla, ex ministro de Defensa Nacional, quien aseguró que hacer un planteo político por los 17 homicidios de la primera semana de enero es “desafortunado y extremadamente cortoplacista”.
Dijo que “sobre los homicidios es una pequeñez política muy grande intentar una especulación sobre la base de que en algunos lugares se han acumulado por encima de la tasa normal. Pensar que eso cambia o marca un cambio de calidad de la situación es un tremendo error. Un error contrario sería que si en veinte días no existe ningún homicidio el gobierno dijera que Uruguay superó el problema de los homicidios porque hace veinte días que no hay ninguno. Eso es un planteo desafortunado, extremadamente cortoplacista y en esto uno debe moverse por las tendencias importantes, largas”.
El problema existe
En lo que respecta a la inseguridad, Rosadilla reconoció su existencia pero consideró que no por ello debe pedirse la cabeza del ministro. Explicó entonces esta posición: “Hemos dicho en más de una oportunidad, el presidente, el ministro, el gobierno todo, de que somos conscientes de que estamos enfrentando problemas de seguridad. No es de recibo, lo que no es aceptable es esa especie de pedido de la cabeza del ministro porque no está dispuesto a enfrentar la delincuencia”.