Nacionales | 21 Ene La jueza de Feria de Las Piedras, Mary Campiglia, falló a favor de los adoptantes y desestimó de esta forma el recurso de amparo presentado por la familia sustituta, que se encargó del cuidado de Mía, durante 16 meses.
El diferendo comenzó cuando el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) retiró a la niña del cuidado de su hogar sustituto. El matrimonio, que cuidó a la niña desde setiembre de 2010 hasta la semana pasada, decidió presentarse como adoptante, pero ese pedido fue negado por las autoridades. Finalmente, la Justicia resolvió en la víspera que los padres adoptivos, que estaban en la lista de espera desde hace cinco años y habían seguido todos los procedimientos legales, serán los encargados de criar a Mía.
El abogado de la familia cuidadora, Sergio Rodríguez, comentó que el argumento del informe del INAU suministrado a la Justicia “es un manotazo de ahogado” para “justificar un procedimiento legal” y horas antes había hecho llegar al presidente José Mujica una carpeta con 5.000 firmas en respaldo a la familia cuidadora. Funcionarios de Presidencia de la República recibieron por espacio de cinco minutos a Rodríguez, representante legal de las familias cuidadoras en litigio con el INAU, y a la familia sustituta de Mía, quienes entregaron las firmas que juntaron en todo el país para que la niña les fuera restituida.
Mía nació en el Hospital de Las Piedras el 4 de setiembre de 2010 y allí fue abandonada por su madre biológica. Las autoridades de INAU señalaron que al proponer a la familia cuidadora la tenencia de Mía “se trabajó la importancia de que se comprendiera que Mía, terminados los procesos judiciales, se iría con una familia definitiva”.

Acusan de abuso de poder al inau
Por otra parte, representantes de la oposición política formularon duras críticas al directorio del INAU en torno al caso de la beba Mía, horas después de conocerse el fallo judicial que determinó que la menor continúe viviendo con sus padres adoptivos.
El País Digital informa que en una carta firmada por el senador colorado Alfredo Solari, su par blanco Sergio Abreu y los diputados Gustavo Espinosa, Juan Manuel Garino (Partido Colorado) y Verónica Alonso (Partido Nacional), los legisladores acusan de “abuso de poder” y “atropello a la privacidad” al organismo por filtrar a la prensa un informe sobre la familia sustituta de Mía horas antes del fallo judicial de primera instancia. El informe, en conocimiento de la jueza Campiglia, está fechado el 13 de diciembre de 2011 y señala que la cuidadora de la beba Mía pretende adoptarla como forma de mantener la relación con su esposo, de quien estaba separada. Según los parlamentarios de la oposición, “el informe fue presentado por autoridades del organismo en la audiencia judicial sobre la adopción de la niña de 16 meses y filtrado el día previo (ayer) a que la Justicia decidiera sobre el caso”. “Filtrar dicho informe constituyó un abuso de funciones y un atropello a la privacidad de la pareja cuidadora, que fuera seleccionada por el propio INAU para el cuidado de la menor. Es un hecho de suma gravedad”, manifiestan en la carta.
Afirman que la justificación para respaldar la afirmación anterior se basa en cinco pilares: Primero, afirman que se viola el principio de confidencialidad por parte de organismos del Estado. Segundo, que se difunden expresiones muy íntimas que pueden haber sido el resultado de problemas descontextualizados y coyunturales. Tercero, consideran que se esgrime un argumento inconsistente, habida cuenta que la propia ley 18.590 admite la finalización del proceso de adopción por parejas que se hubieran separado/divorciado durante la tramitación del pedido.
Cuarto, refleja la poca importancia que el INAU otorga al interés superior del menor, al posibilitar la filtración de informes que no hacen al interés superior del sujeto a tutelar, y quinto, sostiene que agrava la “irresponsabilidad” con que se ha manejado un proceso irregular, que no debía haber desembocado en el daño sicológico causado a la menor ni tampoco en el enfrentamiento entre dos familias.
Los legisladores solicitan a la Suprema Corte de Justicia que investigue “inmediatamente” la filtración de la información y los procedimientos que aplica el Departamento de Adopciones del INAU y, además, expresan “que el directorio del INAU debería renunciar habida cuenta de su incapacidad para garantizar el bienestar y el interés de los menores a su cargo”.