Opinion | 24 Ene En las últimas horas se anunció que el Poder Ejecutivo tiene la intención de enviar en marzo al Parlamento el proyecto de ley que establece el nuevo estatuto del funcionario público, con la expectativa de que la iniciativa resulte aprobada por ambas cámaras legislativas dentro del primer semestre del presente año. El apuro se debe a que se trata de un tema conflictivo y seguramente ya a partir del próximo año, como suele ocurrir en nuestro país, la aproximación del acto electoral desdibujará objetivos claros en la gestión gubernamental debido a la presión de la opinión pública y condicionamientos político electorales.
De acuerdo a lo que ha trascendido, entre otros aspectos el borrador del proyecto del estatuto del funcionario público establece que la selección de postulantes para ingresar a la Administración Central se hará en todos los casos por concurso de oposición y méritos o méritos y antecedentes; que las jornadas de trabajo serán de 8 horas (40 horas semanales), y con descanso semanal no inferior a las 36 horas consecutivas. Asimismo, establece feriados laborables, los que deberán ser trabajados. Los feriados no laborables y pagos serán el 1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre. En lo que refiere a la Semana de Turismo, la Administración Central mantendrá en funcionamiento las oficinas que atiendan al público entre lunes y jueves. La licencia anual reglamentaria será de 20 días hábiles por año, sumándose un día cada cuatro de antigüedad, después de cinco de trabajo.
Asimismo, se establecen tres causales de cese de funcionarios públicos --quizás el punto de mayor rispidez--: por ineptitud (calificación insatisfactoria del desempeño del funcionario durante dos períodos consecutivos); omisión (incumple sus obligaciones funcionales de manera muy grave); y delito (toda conducta típica, antijurídica y culpable por la que el funcionario sea condenable penalmente).
En realidad, para cientos de miles de uruguayos que cumplimos tareas en la actividad privada, las exigencias laborales que serían novedosas para los funcionarios del Estado son las corrientes para el sector, desde que las ocho horas son la jornada común de trabajo en las empresas no estatales, solo se cuenta con cinco feriados no laborables al año y además las condicionantes de estabilidad laboral y causales de despido son muy diferentes a las de la esfera estatal, por decir lo menos.
Ni que decir con la tarea en sí, desde que el Estado es un patrón muy benigno, donde las responsabilidades se diluyen, las exigencias y la productividad están en un segundo plano y a la vez desde hace décadas gozan de por lo menos diez jornadas no laborables en el año, es decir más del doble que los privados, sin contar las medias jornadas de vísperas de feriados y otras prerrogativas comunes.
No puede extrañar entonces que el estatuto del funcionario público vaya a ser el centro de la agenda del Pit Cnt para este año, que apunta para una fuerte conflictividad, y ya voceros de la central sindical han advertido que en 2012 no se reunirán los consejos de salarios del sector privado, por lo que “la conflictividad va a estar con los funcionarios públicos. Es evidente que se va a dar un claro enfrentamiento. El gobierno está llevando adelante modificaciones al estatuto del funcionario público y poniendo en práctica otros cambios sin pasar por los ámbitos de negociación”, advirtió Gabriel Molina, quien preside el sindicato de Antel. Hasta ahora únicamente la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) recibió el borrador sobre el nuevo estatuto, pero ya los sindicatos se encuentran en pie de guerra y reclamarán que el Poder Ejecutivo modifique sus definiciones respecto a los funcionarios.
Es decir que las corporaciones se aprestan a dar la batalla para trancar estos eventuales cambios que se incorporarían para tratar de erradicar algunas situaciones privilegiadas.
Pero en realidad estas medidas apenas arañan la cáscara del mastodonte que aplasta y detrae gran parte de la riqueza que crean los sectores reales de la economía, porque todavía estamos a años luz de que se haga realidad la “madre de todas las reformas” del Estado que había anunciado el ex presidente Tabaré Vázquez.
Desde entonces se han frenado algunos tímidos intentos por hacer algo formal en este sentido, y lo que se ha hecho en algunas áreas es soslayar la burocracia estatal conformando empresas públicas bajo el derecho privado.
Por el bien del país y todos los uruguayos, es de esperar que esta vez la propuesta del gobierno tenga mejor suerte, porque está en juego la eficiencia del Estado –aunque seguramente a largo plazo—que a su vez determina la competitividad de las empresas privadas, de las que detrae los recursos para sostenerse. Es una carta muy fuerte la que está en juego, y posiblemente no exista mejor oportunidad que ésta para lograr la reforma, con un gobierno que nadie puede tildar de enemigo de los trabajadores, neoliberal –que parece ser una mala palabra para muchos—o que responde a lo intereses de alguna superpotencia extranjera.