Opinion | 19 Ene Recientemente el gobierno anunció, a través del canciller Luis Almagro, que el Estado uruguayo resolvió pedir perdón públicamente por los crímenes perpetrados por la dictadura en el período del gobierno de facto, en cumplimiento del fallo que dictó en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En un acto que se haría ante la Asamblea General Legislativa, los órganos que integran el gobierno, en nombre del Estado, asumirán la representación de todos los uruguayos para pedir públicamente perdón por los crímenes perpetrados por otros, es decir los que asumieron el poder por las armas el 27 de junio de 1973 y cometieron torturas y asesinatos, así como privaron de libertad a personas durante años sin juicio justo, por la vía de la Justicia Militar, durante los 12 años del interregno institucional que vivió el país.
Se nos ocurre que si bien es de dudosa pertinencia que el país esté obligado a este acto público --¿por qué no hacen lo mismo en Brasil, donde las dictaduras fueron tan o más violadoras de los derechos humanos que en Uruguay, por ejemplo?-- en gran medida es porque el propio gobierno se ha encargado de hacer todo lo posible para que así se diera, con una postura muy débil de nuestra representación en la citada corte internacional.
De todas formas, nadie puede dudar que la dictadura cometió estos y quién sabe cuántos otros atropellos, pero lo que realmente importa es qué significado puede tener cumplir con esta instancia si no participan y no lo hacen además voluntariamente los que cometieron estos atropellos, es decir los integrantes del gobierno cívico militar, por acción o por omisión ante los ejecutores materiales, y además si no participan las dos partes.
Porque si bien los culpables del lado del Estado nunca pidieron perdón, tampoco lo hicieron formalmente y ni siquiera individualmente los integrantes de la subversión tupamara, que secuestraron, asesinaron, robaron y perpetraron atentados, con muertes de inocentes durante un gobierno constitucional, porque la guerrilla ya había sido vencida en 1972, antes de que se instalara la dictadura en Uruguay. Lo que corresponde, más allá de las formalidades ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que militares y representantes de la subversión, del MLN, reconozcan públicamente su cuota parte de responsabilidad en los crímenes generados por la intolerancia y los fundamentalismos que nos pusieron a todos los uruguayos como víctimas de la lucha entre militares y terroristas, que no era otra cosa que la lucha por el poder y muy lejos del sentir de las grandes mayorías del país.