Opinion | 27 Ene Con el denominador común de una limitación del poder de los sindicatos en la conducción de la educación y la salud, el presidente José Mujica adoptó en la últimas horas decisiones políticas que involucran relevos en altos cargos en ambas áreas, en el marco de un acercamiento a planteos de la oposición y de sectores moderados de la propia fuerza de gobierno, lo que es una señal alentadora, por lo menos en lo que refiere a las intenciones del mandatario en la materia.
Mujica dispuso el relevo de la directora general de Secundaria, Pilar Ubilla, y del consejero Fernando Tomeo, ambos del Movimiento de Participación Popular (MPP) y críticos del programa ProMejora, que procura evaluar la calidad de la enseñanza y promover autonomía de los institutos. Paralelamente dispuso promover modificaciones a la Ley de Educación, otorgándole doble voto al presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP), y a los directores generales de los consejos desconcentrados. Asimismo, la idea del jefe de Estado sería la de agregar otro integrante al Codicen y a los consejos desconcentrados en representación del Poder Ejecutivo.
Además, Mujica decidió la remoción del vicepresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Angel Peñaloza, del Partido Socialista, en tanto el presidente de este organismo también tendrá doble voto en el directorio.
Los anuncios se registraron en una jornada en la que también tuvo lugar una nueva reunión con los referentes de todos los partidos políticos por la educación, y con estas modificaciones Mujica consolidó un eje de acción con el senador nacionalista Jorge Larrañaga, impulsor de los cambios en la educación, al punto que estas modificaciones fueron anunciadas por el propio Larrañaga y no por un jerarca del Poder Ejecutivo, confirmando que en estas decisiones el mandatario ha contado con mayor apoyo en la oposición que en sectores de su propio partido.
El gobierno espera poder superar de esta forma situaciones de bloqueo institucional ante la negativa de los sectores docentes u oficialistas a implementar los cambios impulsados desde el Poder Ejecutivo, que consideran que van contra posturas históricas de las gremiales que han logrado un creciente poder dentro de los organismos que rigen la educación.
Pero ahora el presidente, que se muestra en sintonía con planteos de la oposición, ha quedado en posición incómoda por los anuncios de que el Frente Amplio se manifestó contrario a un aumento del número de integrantes del Codicen, lo que indica que más allá de la voluntad presidencial, la efectivización de estos anuncios contará con una fuerte oposición dentro de la fuerza de gobierno.
Como es notorio, desde el gobierno de Tabaré Vázquez las representaciones sindicales han obtenido crecientes porciones de poder en la conducción de la enseñanza --a lo que contribuyó la Ley de Educación aprobada en la pasada administración-- y ello ha generado diferencias entre los lineamientos del gobierno y lo que realmente se decide en el ámbito del Codicen y los consejos, dominados por los sindicatos y con una representación del Ejecutivo afín a éstos.
Ello explica que el mandatario haya resuelto remover a los disidentes que actúan en representación del poder político, desde que en los hechos han sido cómplices o tolerantes con los planteos de los gremios, que se han opuesto a todo cambio y han promovido decisiones en defensa de sus intereses.
Precisamente en todo régimen democrático la conducción de la enseñanza, como en la salud y las restantes áreas del Estado debe estar en manos de los representantes de la soberanía popular, es decir del sistema político, y no de las corporaciones que pretenden torcer las decisiones en aras de satisfacer sus reivindicaciones y visiones ideológicas.
Para consolidar esta postura presidencial se necesitará un proyecto de ley –que contaría con los votos de la oposición-- para modificar la Ley General de Educación, aprobada en 2008 durante el gobierno de Vázquez.
Aunque el presidente se muestra afín a estos cambios, la gran pregunta a formularse es hasta donde el mandatario podrá --o querrá-- llevar su planteo esencialmente democrático para la enseñanza, cuando los sindicatos se han manifestado abiertamente opuestos, la coalición de izquierdas ya ha anunciado que tiene discrepancias y en este momento solo se contaría con los votos seguros de la oposición.
Sin dudas que habrá un duro proceso en la interna del gobierno, pero de lo que estamos seguros es que el paso es imprescindible para retomar el control de la enseñanza, que jamás debió haberse perdido.