Opinion | 02 Feb La reciente instancia de que fue escenario la Junta Departamental, con la convocatoria a sala al intendente Bertil Bentos --quien concurrió junto a sus colaboradores directos y asesores— respecto al sonado asunto del robo de la pistola del general Lavalleja y otras piezas de nuestro patrimonio histórico que estaban depositadas en el Museo Histórico Departamental dejó evidentemente como saldo que un hecho delictivo que debe preocuparnos y ocuparnos hondamente a los sanduceros ha sido derivado a un plano eminentemente político. Mientras por un lado unos piden la cabeza de los jerarcas responsables por acción o por omisión, la otros ponen sobre la mesa situaciones similares que se dieron en la Administración Pintos --incluyendo nada menos que el robo de los restos del general Leandro Gómez del mausoleo-- y que la llave de toda esta problemática radica en la inseguridad en que estamos inmersos.
Como en tantos órdenes de la vida, y mucho más aún cuando hay de por medio intereses político-partidarios, además en un ámbito eminentemente político como es la Junta Departamental, difícilmente un sector tenga de su lado toda la razón, sino que existen cuotas partes de verdad en las respectivas posturas, a las que es preciso evaluar con la mayor objetividad posible. Un ideal que también cuesta alcanzar en cuanto seres pensantes, cada uno con sus propios puntos de vista, simpatías y rechazos, cuando además en no pocas oportunidades hay intereses particulares, sectoriales o de otra índole que pueden teñir de subjetividad el análisis.
Por lo tanto, existen aspectos coincidentes y controvertidos cuando se desmenuza la problemática y se trata de encontrar la esencia, y fundamentalmente encauzar aportes constructivos para tratar de curarnos en salud y evitar que hechos de este tipo se repitan, lo que no es posible si antes no se hace un diagnóstico afinado del escenario en que nos encontramos.
Y no hace falta ser un iluminado para identificar cual es precisamente la esencia del tema, que no es otra que la inseguridad que se vive en Paysandú, como en todo el país. Estamos ante una delincuencia organizada y sobre todo que se sabe impune, en tanto las medidas de seguridad que puede adoptar la población, el ciudadano corriente, empresas y organismos como la Intendencia y otras dependencias del Estado, pueden ser burladas cuando hay malvivientes que tienen todo el tiempo del mundo y medios para estudiar debilidades y oportunidades para vulnerar los sistemas, del tipo que sean.
Por supuesto que en este caso evidentemente hubo exceso de confianza por tratarse de un local ubicado justo frente a una seccional policial, sin tener presente que había flaquezas por el fondo. Pero sobre todo porque todavía predomina una mentalidad respecto a que a nadie se le ocurriría llevarse los restos de Leandro Gómez, en su momento, la pistola de Lavalleja en esta oportunidad, como así también robar el Monumento a la Madre, destrozar bustos de plazas, hurtar cables y provocar destrozos en cámaras de alumbrado, dejando sin luz a miles de personas, entre un sinfín de hechos delictivos lamentablemente cotidianos contra la sociedad.
Sin embargo estamos ante una delincuencia ensoberbecida que ya no le importa pasar un tiempo en la cárcel ni el “daño moral” que pueda significar contar con un antecedente penal extra. Estos delincuentes están organizados en bandas que utilizan a los menores para diluir penas --ya de por sí en extremo benignas--, sabiendo que aún si son atrapados igualmente podrán beneficiarse de la libertad anticipada por buena conducta, salidas transitorias y un pasar no mucho peor a lo que viven diariamente en la calle o su casa, cuando existe.
Este es precisamente el punto en el robo de la pistola, desde que los sujetos que cometieron el hurto reunían entre sí una veintena de entradas a la cárcel, y sin embargo estaban en libertad desde hacía varios días, solo esperando el momento oportuno para hacerse de lo ajeno y encontrarse por ejemplo con alguien que podía aprovechar esta “mano de obra” especializada para hacerse de valiosas piezas históricas.
Dado que no existe ningún agravante legal que represente un castigo ejemplar para los autores de este atropello a la ciudadanía, es de inferir que estos reos pronto estarán libres tras haber “cumplido su pena” como simples ladrones, por lo que en los hechos recuperar el patrimonio que se llevaron dependerá de su buena voluntad, mientras se ríen en la cara de quienes se rasgan las vestiduras exigiendo que las cosas se aclaren.
Estas reflexiones, incompletas pero desgranadas a partir de los elementos de juicio con que contamos como simples ciudadanos nos llevan a concluir que hay varios factores que favorecieron o determinaron el robo en el museo, entre los que se destacan en primer lugar, la inseguridad de la que somos víctimas todos los ciudadanos; el exceso de confianza –de ésta y anteriores administraciones-- que llevó a que la Intendencia no tomara los recaudos para evitar que esto suceda; la propia justicia que siempre es demasiado considerada con los delincuentes; y la propia ley, que no hace más que fomentar la delincuencia al considerar un hurto como un delito menor, sin ponderar debidamente el daño que le hace a la sociedad un reincidente consuetudinario o quien ataca el patrimonio de todos.
Por lo demás, el circo político poco ayuda a resolver el problema.