Opinion | 03 Feb Recientemente el ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Venegas, subrayó que la Administración Mujica pondrá énfasis en buscar soluciones a las dificultades de recursos humanos en el área de la salud en el Interior, donde esta problemática se acentúa por una serie de factores que conspiran por ejemplo contra la radicación de médicos en áreas rurales, en tanto la mayoría de los profesionales del sector optan por ejercer sus actividades en Montevideo, donde tienen un campo laboral mucho más atractivo.
El secretario de Estado consideró que “es un tema vital”, y evaluó entre las medidas concretas a adoptar aquellas que tienden a que la Universidad de la República otorgue “algunos premios” para los médicos que cursen su residencia en el Interior, a la vez de adelantar que la intención del gobierno es la de abrir nuevas residencias en zonas lejanas a Montevideo.
Incluso subrayó que a efectos de lograr un diagnóstico que refleje lo más posible la realidad, el Ministerio de Salud Pública desarrolló un observatorio para elaborar un diagrama que trate todo lo referente al tema recursos humanos en salud.
Evaluó que “este instrumento nos va a permitir identificar los lugares donde tenemos dificultades”, y adelantó que la idea de su cartera es la de fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), con los cónyuges, los profesionales, pensionistas y jubilados, a la vez de apuntar a que puedan ingresar al sistema nacional los trabajadores municipales de todo el país.
El tema al que alude el ministro ha sido recurrentemente motivo de análisis en la página editorial de EL TELEGRAFO, y por cierto que pese a que se han adoptado algunas acciones aisladas con las miras puestas en incorporar “incentivos” para que el interior profundo resulte menos discriminado en la atención de salud, el resultado ha sido muy magro en cuanto a lograr por ejemplo el objetivo de que profesionales médicos se instalen en número significativo por lo menos durante un par de años en poblados rurales como condición entre las materias finales que deben salvar para ejercer su profesión.
Este aspecto es válido sobre todo porque todos los uruguayos sin excepción contribuimos mediante el pago de impuestos a que los futuros médicos, como los arquitectos, los ingenieros, sicólogos, abogados, etcétera, puedan cursar gratuitamente sus estudios –aún aquellos provenientes de familias pudientes--, por lo que corresponde, como una cuestión de justicia o compensación, que retribuyan a la sociedad este esfuerzo prestando servicios en las zonas que presentan más carencias, que son precisamente los pobladores del siempre postergado Uruguay rural.
En este aspecto es preciso que el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República coincidan en las acciones, desde sus respectivas áreas, a través de un esquema que contemple la complejidad de los elementos en juego, apuntando a revertir el proceso de “embudo” que hace que los servicios se concentren en Montevideo y su periferia, en todas las áreas, y a lo que a lo largo de las décadas han contribuido tanto el gobierno nacional como la propia Universidad, eminentemente centralista y elitista. Tanto, que las dos terceras partes de los universitarios residen en Montevideo, y la gran mayoría de ellos provienen de familias pudientes, que sin embargo hacen uso de la gratuidad que financia hasta el uruguayo del último rincón del territorio nacional, cuyos hijos nunca van a tener la oportunidad de pasar por las aulas de la Universidad, paradójicamente.
No estamos por lo tanto ante un tema menor, aunque siempre ha sido postergado y al que no se le ha hincado verdaderamente el diente, más allá de alusiones y enunciados de los que sobre todo ha hecho caudal el presidente José Mujica, pero todavía en el debe en lo que respecta a concreciones.
Por supuesto, estamos refiriéndonos solo a un aspecto dentro de una problemática mucho más vasta en el área de la salud estatal, donde hay déficit en recursos humanos, es cierto, pero donde a la vez existe una marcada irracionalidad en la distribución si tenemos en cuenta que los hospitales y centros de Salud Pública tienen mucho menos usuarios que antes, así como mayor cantidad de recursos.
Sin embargo siguen prestando servicios con notorias carencias, que no colman ni por asomo las necesidades de la población de menores recursos, que es la que mayoritariamente recibe atención en las dependencias del Estado.
Y en el caso de los “estímulos” para la radicación en las áreas rurales, también debe haber un complemento de trabas y desestímulos para los egresados que intenten esquivar lo que debe ser considerado como un deber hacia la sociedad, en un país donde siempre se habla de derechos pero se le esquiva el bulto a las obligaciones, y mucho más aún cuando se trata de semejantes que unen a su condición de pobreza el estar alejados de las grandes urbes, sobre todo de Montevideo.