Locales | 05 Feb Por David Rabinovich, presidente de la Organización de la Prensa del Interior .- El 24 de mayo del año pasado la Organización de la Prensa del Interior, a través de este consejero, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas información sobre gastos en publicidad. El trámite se hizo al amparo de la ley 18.381 de Derecho a Acceso a la Información Pública, que obliga a los organismos del Estado a brindar la información solicitada por cualquier ciudadano en determinado plazo. Las preguntas eran las mismas que formulara para otros organismos que también fueron consultados.
El 27 de setiembre, largamente vencidos los plazos legales sin haber obtenido respuesta, presentamos la correspondiente denuncia ante la UAIP (Unidad de Acceso a la Información Pública). Al momento de escribir estas líneas la Unidad no se ha expedido, pero el 16 de noviembre la respuesta del MEF estaba disponible para nosotros.
Estas notas, que vienen al caso cuando se percibe un resurgimiento del interés político por controlar los gastos de la publicidad oficial, incluso con juicios penales a ex jerarcas de OSE, o reclamos públicos por contratos poco transparentes por parte de UTE con algún medio capitalino hace unos meses, así como actualmente se cuestiona la inversión de Antel en un espectáculo de Los Olimareños, son parte de una mirada bastante amplia sobre el sistema de medios. En particular hemos revisado las formas en que se ha distribuido la publicidad oficial, el papel de las agencias de publicidad, centrales de medios, asesores y en general la actuación de los que inciden con criterios “técnicos” sobre las decisiones de asignación de las pautas. ¿Hablamos de montos suficientes para decidir quién gana mucha plata y quiénes viven, apenas sobreviven o mueren, en el mundo de las comunicaciones? Depende de cada situación, pero se trata de montos importantes que pueden abrir posibilidades de mejorar el sistema de medios.
Esta investigación no es neutra ni desinteresada, se hace para confirmar o desechar la existencia de prácticas que beneficien al núcleo concentrado del poder mediático mientras se perjudica la “periferia” del sistema. En esa periferia está la diversidad de visiones, el periodismo de proximidad, lo más democrático del sistema.
Es visible el esfuerzo de las autoridades por cambiar el clientelismo tradicional y la arbitrariedad por algo más prolijo. Pero los números muestran que no se han logrado cambios importantes respecto a épocas pasadas.
Analicemos la respuesta del MEF. El 11 de noviembre de 2011, luego de varios “considerandos” que reconocen los alcances de la ley, entre otros que la información solicitada no es “secreta, reservada, ni confidencial” se afirma que “parte de la documentación solicitada no se encuentra en poder de esta Administración”.
El Ministro Fernando Lorenzo “resuelve”: “Acceder a proporcionar la información pública solicitada que se encuentra agregada a fojas 3 y 4 del expediente y aclarar que no es posible conceder acceso al resto de la información solicitada por no encontrarse en poder de este Ministerio”. Estamos hablando de $ 7.310.105 ejecutados en 2004, $ 14.564.188 en 2009, $ 20.299.712 que se gastaron en 2010 y poco más de 11 millones de pesos contabilizados al 14 de octubre de 2011 como gastados en publicidad.
Se indica cuánto gastó –en esos años- cada una de 9 unidades ejecutoras que se identifican por sus siglas. Y nada más, ningún detalle que distinga medios. Por ejemplo en 2010 la DGS (¿Dirección General de Secretaría?) gastó más de 10 millones de pesos en publicidad. ¿El Ministerio no sabe en qué medios? ¿No conoce los criterios con los que se asigna la pauta? La respuesta es desafortunada. Se entregó fuera de los plazos previstos por la ley y está incompleta. Sin embargo, creemos que hay cosas que la administración debería saber respecto a sus gastos. Basta consultar la página de “Compras y Contrataciones Estatales” para, por ejemplo, tener una información más completa sobre el gasto de la DGI en 2010 (Res. 6142010 / 2010 Fecha: 28/04/2010). Redondeando y con IVA incluido, fueron $ 4.500.000 destinados a una “campaña de información a la población sobre la presentación de declaraciones juradas del IRPF-IASS 2009”. Aduciendo “la imposibilidad de realizar una licitación” se adjudicó en forma directa y en función de “razones de buena administración” se hizo la distribución. Radios: $634.160; Prensa “escrita”: $634.305 y canales de televisión: $3.155.212.
El lector deberá tener en cuenta qué se pretendía difundir, la complejidad del mensaje, la necesidad de llegar a todo el país y todo otro aspecto que le parezca importante. Tomemos la prensa que parece un medio especialmente idóneo para un mensaje como este, puesto que permite que el receptor se tome su tiempo para meditar lo que tiene impreso en sus manos, algo que resulta imposible lograr por otros medios electrónicos. Sin embargo, a la prensa se le adjudicó un 14% de la inversión al total. Y en particular al total de la Prensa del Interior, que representa a la mitad de los lectores del país, sólo un 2,3%; cinco veces menos que a los medios escritos de Montevideo. Tres diarios Litoral sumados, cobraron $ 18.578 por esa campaña. Como ejemplo, basta mencionar que Últimas Noticias recibió $ 23.350, o El Observador $ 35.381.
Diario “Crónicas” de Mercedes tiene una fuerte circulación que lo posiciona mejor que alguno de los diarios de “circulación nacional” de Montevideo, pero sólo se pautó en un medio por ciudad importante (salvo Montevideo) por lo que quedó afuera. Esto es así porque los diarios que se editan en la capital son considerados “de circulación nacional”, aunque algunos no tengan casi lectores. En estas notas hay un ánimo constructivo: mejorar la distribución de la publicidad oficial es importante. Lo es para usar el dinero público de la mejor manera posible y para ayudar a la construcción de un sistema de medios más democrático. Nadie debería sentirse agredido ni descalificado. Los ejemplos se acumulan y parece demostrado que las cosas no marchan de la mejor forma posible. Se sigue la lógica del mercado y éste opera en función de repartir utilidades entre los más fuertes, “los líderes”, y en especial los que se ven en los kioscos alrededor del palacio Legislativo, donde los titulares golpean la vista de los políticos que desconocen –o se olvidan—de que verdadero país es bastante más que “el área metropolitana”. Hay otras lógicas posibles y ya es tiempo de pensar en alternativas.