Opinion | 04 Feb Las demoras y contradicciones a la hora de dar explicaciones respecto a los procesos de autorización por el Ministerio de Salud Pública a mutualistas y centros médicos privados para la importación e incorporación de equipos de alta tecnología médica, ha generado fundados reparos en medios políticos y profesionales médicos de nuestro país, desde que estas decisiones ponen de relieve que se anteponen concepciones ideológicas al interés general.
En su momento la secretaría de Estado anunció que sancionaría al Hospital Británico por haber importado el robot Davinci para operaciones de alta precisión, sin autorización ministerial, pero autoridades del hospital dijeron que éste le ofreció también a ASSE en diciembre el uso del robot quirúrgico, lo que fue confirmado por Luis E. Gallo, presidente de la Junasa (Junta Nacional de Salud).
Ocurre que dos años atrás el Hospital Británico le había pedido autorización al MSP para estos equipamientos de alta tecnología de tercera generación en cirugías y como la decisión se fue diluyendo, el seguro privado decidió la importación de este equipamiento, pero la cartera entiende que la mutualista cometió una infracción y estaba estudiando una sanción.
Esta nueva instancia sigue a situaciones similares en cuanto a la concepción que tienen particularmente sobre estos avances las autoridades ministeriales, en tanto hay en carpeta y durmiendo el sueño de los justos numerosas peticiones para que pueda autorizarse la introducción de equipos de alta tecnología, varios de ellos en el Interior.
La autorización de equipos está a cargo de la Comisión de Habilitación de Productos, que funciona en el ámbito de la Dirección General de la Salud (Digesa), pero para autorizar la instalación de aparatos se tienen en cuenta los impactos clínicos y económicos de la tecnología, según el MSP.
Coincidimos en este sentido con los conceptos formulados por el cirujano Julio Troschansky, consejero del Colegio Médico Nacional, quien consideró que los criterios que sigue el ministerio a la hora de definir el ingreso de un nuevo equipo “no son lógicos”, sino que hacen parte de una “ideología”.
Evaluó que “cuando a nivel internacional un equipo es reconocido por su eficacia no parece lógico que existan trabas burocráticas para ingresarlo”, en tanto tampoco es adecuado que el acceso a la tecnología esté condicionado “por su utilización en el sector público” o “por el riesgo de inversión que represente para un privado”, subrayando en cambio que deberían emplearse criterios científicos para tomar cualquier decisión, alegando que la regulación “debería correr por el hecho de si eso afecta o no al usuario, o si tiene o no una contraindicación”.
En realidad poco importa el usuario y la salud sino el éxito de un proyecto ideológico, por lo que se impide el avance tecnológico de las mutualistas y el sector privado para no desnudar las carencias del sector público, que así luce exitoso.
Ante el concepto absurdo y mezquino de “igualar hacia abajo”, lo que realmente debería importar es que tecnología que supone un avance esté al alcance de todos los uruguayos, lo que contribuirá a que avancen los tratamientos médicos y mejorar la calidad de vida de los pacientes, independientemente de donde se atiendan.
En este caso concreto se repite la misma tesitura que tuvo la ex ministra María Julia Muñoz, cuando la incorporación del tomógrafo PET de emisión de positrones y la vacuna para el cáncer de útero –que no se autorizaba en Uruguay “porque no todos iban a poder pagarla”--, e incluso un tomógrafo donado por China está embalado y sin uso en la puerta del hospital Español. Paysandú en tanto sigue esperando que de una vez por todas se autorice la incorporación por Comepa de un equipo de resonancia magnética, muy necesario en nuestro medio pero que hasta ahora no recibió la bendición del Estado.
Es que como suele ocurrir en un país hipercentralizado, el más perjudicado por esta combinación burocrático ideológica del MSP es el usuario del Interior, donde los avances en tecnología médica se cuentan por cuentagotas.
Si de algo ha servido el caso del robot DaVinci es que puso de manifiesto en la capital los groseros manejos del MSP, que en buena medida muestra una exitosa reforma de la Salud por la vía de asfixiar toda iniciativa privada. Y cuando el esfuerzo debería concentrarse en que la mayor parte de la población posible tenga acceso a la mejor tecnología y tratamientos, lo que se busca como regla general es impedirle a éstos la entrada al Uruguay mientras el sector público no pueda proporcionarlos.
Paradójicamente lo que estamos logrando es ahondar aún más la brecha social, puesto que quienes pueden pagar buscan lo que no existe acá en otros países, marcando cada vez más la diferencia entre los que más tienen de los que no.