Opinion | 07 Feb A partir de julio quedará prohibida en las escuelas la venta de papas fritas, snacks, algunos tipos de alfajores y otros cuyo aporte principal sea de un alto porcentaje de azúcares simples o grasas totales y saturadas. Las autoridades de Educación Inicial y Primaria y el Ministerio de Salud Pública (MSP), en base a la labor de promoción efectuada por el Programa de Alimentación Escolar (PAE), realizarán el listado de los alimentos recomendables y no recomendables.
La iniciativa se basa en un proyecto ley presentado por el diputado nacionalista Javier García hace ya cierto tiempo, quien entre la fundamentación de la prohibición señala que un estudio del Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Montevideo, la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad Uruguaya de Pediatría, se concluye que el 70% de las muertes en la población uruguaya son causadas por enfermedades crónicas no transmisibles, como cáncer, hipertensión, etcétera. Ente los factores de riesgos más comunes está la mala alimentación.
Entre los alimentos que promueve el proyecto, en el que trabajó el Programa de Alimentación Escolar, se hallan productos lácteos, frutas y recetas caseras preparadas en la propia escuela, como pascualina y tarta de jamón y queso, entre otros. En tanto, entre los que se intenta prohibir están los snacks y golosinas y algún tipo de alfajor saturado en grasa.
Tiempo atrás, llegó al sistema educativo una notoria polémica sobre la permisividad con que escuelas y liceos venden productos alimenticios como papas fritas, chizitos y similares así como otros con elevados porcentajes de azúcares simples y grasas totales.
Luego de ese episodio, muchos centros educativos comenzaron, por iniciativa propia, a promover el consumo de alimentos saludables en los recreos y es habitual que en los centros de educación inicial se siga un calendario de meriendas “sanas”. No obstante, en muchos centros educativos de Primaria y Enseñanza Media, especialmente los que cuentan con cantinas, se venden cada día alimentos no saludables.
Aunque el objetivo del proyecto legal es totalmente compartible y seguramente tuvo la loable función de poner el tema en la agenda pública, lo correcto es que sea el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el que a través de las vías administrativas correspondientes resuelva y aplique esta innovación, puesto que parece un tanto ilógico que un tema de este tipo requiera la aprobación de una ley. Lo que sí requiere es la colaboración y el apoyo de los padres por el bienestar de sus hijos.