Opinion | 06 Feb Para importar un nuevo equipo tecnológico los centros de salud deben justificar el impacto clínico y económico que esa tecnología provocará ante una comisión de habilitación de productos del Ministerio de Salud Pública. El caso más sonado ocurrió hace pocos días cuando el Hospital Británico debió detener el uso de su nuevo robot quirúrgico después de recibir la reprimenda ministerial.
Lo que ocurrió es que el hospital no hizo un trámite de habilitación, un acto burocrático, y eso motivó el enojo ministerial sin tener en cuenta lo que implicaría para los pacientes del Británico contar con un elemento de estas características.
No parece lógico --no lo es-- que la burocracia estatal se interponga en el camino de la incorporación de tecnología médica. La noticia dio la vuelta al mundo dentro del subgrupo “curiosidades”, porque en pocas partes del mundo se pudo entender una actitud de este tipo.
No parece mal que en un pequeño país se coordine la compra de tecnología médica entre los diferentes hospitales, sanatorios y mutualistas. Es lógico que es mejor contar con diversidad de equipamientos médicos y que se permita el uso de los mismos por parte de todos los prestadores de salud, porque eso beneficiaría directamente al usuario.
Pero si hay que aplicar un criterio, que sea el científico y no el burocrático y mucho menos el estatal que tantas veces en lugar de basarse en criterios independientes se basa en ideologías, partidismos o amiguismos.
Es cierto también que alguna tecnología novedosa podría afectar al usuario o no estar debidamente comprobada y por tanto podría tener contraindicaciones, pero una vez más, si así fuera, un comité científico podría determinarlo. En otros países, la importación o la puesta en servicio de nuevas tecnologías médicas son evaluadas por una agencia científica, lo que opera como un seguro adicional para el usuario. Por el contrario, cuando esa evaluación proviene de un poder político, lejos de beneficiar, perjudica a los usuarios.
Por otra parte la burocracia estatal lo que hace es enlentecer el proceso y eso aumenta la brecha tecnológica que ya existe entre el sector público y privado y -especialmente- entre Montevideo y el Interior, relegado especialmente en lo que refiere a tecnología médica.