Locales | 07 Feb Hasta el viernes tiene plazo la funcionaria municipal que fuera suspendida por 30 días para interponer un recurso administrativo que congele su suspensión o que permita que el intendente le aplique una sanción menor.
Así lo confirmó a EL TELEGRAFO el director de Asesoría Letrada de la Intendencia de Paysandú, Martín Etchebarne, quien explicó que Elsa Andradez puede aún ampararse en ese derecho, pues si bien lleva ya más de 10 días de cumplimiento de la suspensión de 30 días (10 días es el plazo máximo para recurrir), como el plazo no se cumple durante la Feria Judicial, en realidad comenzó el pasado 1º de febrero.
Andradez fue sancionada por contar con cuentas a su nombre en un banco y una financiera en las que los contratantes de alquileres de moteles en Almirón giraban el dinero -a su pedido-, que luego ella transfería a la Intendencia. El procedimiento administrativo correcto es que el dinero sea girado exclusivamente a cuentas a nombre del Municipio de Guichón o de la Intendencia de Paysandú.
La investigación administrativa que culminó con la suspensión de 30 días --considerada grave-- comenzó a mediados del año pasado, coincidente con el traslado de Andradez desde la jefatura de termas de Almirón al área de Asuntos Barriales, antecesora de la Unidad de Asuntos Vecinales que fuera instalada en noviembre pasado.
Desde allí pasó a la Dirección de Cultura, donde al momento de la suspensión cumplía tareas como jefa de Personal, tal como lo confirmó el director de Cultura, Heriberto Ghibaudi.
De acuerdo a datos recabados por EL TELEGRAFO, la investigación no se inició por denuncia de la alcaldesa de Guichón Lourdes Suárez, sino tras detectarse en inspecciones de rutina inconsistencias administrativas. No obstante, sí se verificaba ya un mal relacionamiento entre la alcaldesa y la encargada de las termas, que desembocó paralelamente en el traslado, resistido por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeyom), a Paysandú, más allá que Andradez mantuvo su domicilio en Guichón.
Las “aparentes irregularidades”, dijo Etchebarne, “motivaron la investigación administrativa, un procedimiento normal”.
Esta determinó “faltas administrativas en el manejo de dinero, no por faltantes o actividades dolosas, sino vulnerando las normas de trabajo de la administración pública de la Intendencia de Paysandú”, indicó y explicó luego que “lo que hacía era que el dinero resultante de las reservas por alquiler de moteles fuera depositado en una cuenta de Abitab, a nombre de ella”.
“Eso motivó que el equipo técnico sugiriera la suspensión de la funcionaria, lo que fue aprobado por el intendente de Paysandú en la respectiva resolución, a partir de la cual primero se notificó a la funcionaria y luego se ejecutó la sanción”, expresó Etchebarne, quien concordó que “se trata de una sanción de importancia, pero que está adecuada en función de las irregularidades constatadas, con el agravante de que el autor de las mismas es un encargado; se supone que por el cargo que ocupa tiene conocimiento de la gravedad de un proceder similar”.
Por otra parte, el jefe de Asesoría Letrada de la Intendencia confirmó que “se constató algún pequeño faltante, muy pequeño, que se fue posteriormente cubriendo”. También confirmó que durante la investigación administrativa “se verificaron irregularidades en facturas con gastos que aparecían como de la Intendencia pero que no lo eran o al menos no se siguieron los procedimientos de compra aceptados”.
No obstante, Etchebarne aseguró que “dentro del sumario no hay indicaciones de un acto delictivo, porque si así se hubiera comprobado, se hubiera realizado la denuncia correspondiente”.
Una sanción de 30 días es considerada entre las más graves. Las sanciones dentro de la Intendencia van desde el apercibimiento por escrito hasta la destitución. Entre medio se ubican la observación, la suspensión entre 1 y 30 o más días, el traslado --que no se usa prácticamente como sanción-- y la pérdida de la posibilidad de pase de grado si durante el sumario se realizara esa instancia.
La sanción aplicada en este caso queda en el legajo de la funcionaria y la existencia de un sumario y la resolución del mismo “a la larga termina pesando en los antecedentes”, dijo Etchebarne.