Opinion | 07 Feb En las últimas horas autoridades de Comercio Exterior de Argentina se reunieron con colegas brasileños para analizar el impacto de los nuevos controles a las importaciones dispuestos por Buenos Aires en el comercio bilateral, fundamentalmente en lo que refiere a los alcances del sistema de declaración anticipada de las importaciones, que comenzó a regir en Argentina el 1° de este mes.
Al igual que en Uruguay, en Brasil los industriales, sobre todo del área de San Pablo, no han ocultado su malestar y preocupación por las trabas del vecino país que implica además observar con lupa lo que se pretende traer desde afuera y sobre todo porque al tener que declararlo previamente y solicitar permiso, se está creando una presión indebida sobre los importadores, apuntando a un amedrentamiento que lidera el encargado de Comercio Exterior, Guillermo Moreno, autor de la medida.
El nuevo régimen obliga a quienes deseen ingresar a Argentina bienes de consumo a presentar una Declaración Jurada Anticipada de Importación, información que será analizada por organismos estatales que validarán la operación en un plazo de tres a diez días.
Al anunciar en enero pasado la puesta en marcha de este régimen, el gobierno argentino argumentó que en un contexto de crisis global, su “prioridad” es mantener este año un superávit comercial del orden de los 10.000 millones de dólares mediante políticas de seguimiento de las importaciones e incentivos a la producción nacional.
Por supuesto, la medida ha despertado polémicas entre los socios de Argentina en el Mercosur, tanto entre representantes gubernamentales como en dirigentes industriales de Brasil, Paraguay y Uruguay, por cuanto para poner en marcha estas limitaciones Argentina ha desconocido abiertamente que es parte de un tratado internacional que se llama Mercosur, con deberes y derechos comprometidos en la declaración constitutiva del bloque y ratificada posteriormente.
La semana anterior el titular de la Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, viajó a Buenos Aires para reunirse con autoridades argentinas y analizar el impacto que la medida podría tener para las exportaciones brasileñas hacia Argentina.
La Fiesp, la mayor patronal de Brasil, sostiene que la declaración anticipada de importaciones puede afectar al 74 por ciento del universo de productos que Brasil exporta hacia Argentina.
Pero el Gobierno brasileño “sigue con preocupación el asunto” y se mantiene “en contacto permanente con el sector privado” a fin de establecer el impacto real de esas nuevas medidas. El gobierno de Cristina Fernández insiste en la necesidad de equilibrar sus deficitarios intercambios con Brasil, su mayor socio comercial, en base a medidas proteccionistas en lugar de apoyar a la industria local para hacerla más eficiente y competitiva. Y al establecer las restricciones a las importaciones también perjudicó a sus socios menores del Mercosur, Uruguay y Paraguay.
En las últimas horas, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, al aludir a las diferencias con Argentina por estas restricciones, dijo que “hay un problema y es que con Argentina tenemos dificultades notorias por una razón muy sencilla: tenemos enfoques totalmente diferentes en materia de política económica. Totalmente diferente. Argentina ha optado por un camino de protección, de encerramiento, y Uruguay practica el enfoque opuesto, de apertura. Ahí está el origen”. Según Astori “no hay un solo instrumento de política económica que manejemos igual” con el país vecino, “en todos (los instrumentos) encontramos diferencias, entonces es muy difícil negociar de esa manera”.
Esto no es novedoso para nadie, excepto que llama la atención que se marque pública y enfáticamente las diferencias en la conducción económica entre ambos países. Parece más bien una señal hacia adentro, por si alguien todavía insiste en repicar en Uruguay las “maravillas” del modelo kircherista, o hacia fuera, para marcar las distancias en caso que el país se les termine de desbarrancar y nos salpique una vez más en los mercados internacionales.
Esto parece más claro cuando, en declaraciones a La República, el presidente José Mujica había dicho que las trabas que Argentina impuso a las importaciones de productos uruguayos “son normales” y que no le preocupan.
“A cada rato hay dificultades, después se superan y luego vuelven a aparecer. Esto es cuasi permanente”.
Como sea, la polémica ha generado preocupación y malestar en los empresarios uruguayos, los que ahora abrigan esperanzas con la participación, junto al Pit Cnt, de una misión que viajará a Buenos Aires para intentar salidas a este problema.
Pero más allá de eventualmente lograr una salida específica para este problema, es evidente que el Mercosur no tiene un mínimo de confiabilidad e institucionalidad que requiere un acuerdo de estas características para funcionar, porque no se respeta lo acordado, y un día sí y otro también aparecen como conejos de la galera nuevas trabas y exigencias, directas o encubiertas, por los grandes socios.